El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, condenó la insensibilidad de las autoridades nacionales, departamentales y municipales que no toman ninguna acción frente a la gravedad de los casos de violencia contra las mujeres, y reiteró la urgencia de encarar medidas más efectivas para prevenir, investigar y sancionar estos hechos que «en lugar de disminuir, parece sostenerse, tanto en número como en crueldad, saña y gravedad y que ocurren de manera sistemática y creciente en todo el país, afectando a mujeres de todas las edades y condiciones».
La autoridad que se encuentra en un viaje oficial en Suecia, se refirió a los casos recientes como el asesinato de una mujer en la cárcel de San Pedro a manos de su pareja, de una candidata a Concejala en la población cruceña de San Julián y de una adulta mayor en Macharetí, Chuquisaca quien habría sufrido abuso sexual y torturas antes de ser victimada. «Estos crímenes continúan sucediendo en todo el país, incluso en regiones donde no eran frecuentes y las autoridades se limitan a pedir procesos judiciales sin analizar siquiera formas para ´prevenirlos», indicó.
Asimismo se refirió a casos como la denuncia de acoso sexual contra una estudiante por el director de una escuela pública y la presunta violación de una joven por parte de una autoridad municipal, ambos hechos en Cobija, Pando; y el caso de otra adulta mayor víctima de vejación y abuso por parte de jóvenes en los Yungas. Estos dos últimos casos, agravados por la filmación y publicación en Internet por perpetradores públicos y particulares que cometen violencia mediática.
«Pese al avance normativo y la sensibilización pública, el sistema machista y patriarcal no ha sido afectado en lo más mínimo, y esto resulta evidente al ver los hechos que se cometen todo el tiempo en espacios públicos como privados, y por hombres de toda condición, incluyendo autoridades y sujetos que a partir del abuso de poder violan los derechos, cuando su responsabilidad es proteger y garantizar los derechos de las mujeres, de las niñas y adolescentes», señaló.
Por otro lado, reiteró la obligación del gobierno central, las gobernaciones y las alcaldías de declarar alerta nacional y máxima frente a estos hechos como se planteó en septiembre pasado, y que hasta ahora ha logrado la respuesta favorable de instituciones de seis departamentos. «No podemos entender cómo municipios como Cobija, El Alto, Santa Cruz u otros que presentan hechos de violencia creciente contra la mujer, muestran tanta insensibilidad e irresponsabilidad frente a estos actos de violencia recurrente, despiadada y criminal que no reconoce edades, condiciones ni situaciones. Frente a esta situación pareciera que el gobierno nacional ha decidido hacer oídos sordos y encarar el problema desde los discursos y la emisión de leyes que, no se cumplen», reclamó el Defensor.
Villena insistió que es de esperar que la declaratoria de alerta a nivel nacional en los municipios y departamentos donde los hechos son recurrentes, permita que se implementen políticas integrales que involucren a todas las instituciones para enfrentar esta situación, además de destinar recursos para encarar campañas de sensibilización, alerta e información que lleguen a toda la sociedad.
«La alerta es el mecanismo que, la propia Ley 348 establece ante el crecimiento de hechos de violencia contra la mujer y que muestra la voluntad y decisión de las autoridades para reconocer la gravedad y organizar un sistema de prevención, investigación y sanción», dijo la autoridad.
Remarcó que en el marco de sus responsabilidades, ha instruido que las Representaciones Defensoriales donde la alerta ya fue emitida, presten toda la colaboración a las redes e instituciones involucradas de modo que se puedan diseñar e implementar planes de emergencia sostenidos y eficientes que garanticen la disminución de los hechos a través de medidas de protección y prevención. «En los otros departamentos y municipios donde existe incremento de casos, vamos a analizar la pertinencia de exigir por la vía de la obligación del cumplimiento de deberes, la atención a este tema», manifestó.
En días pasados, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), informó que tan solo en enero de 2015, ya se habían denunciado 178 casos de violación, estupro y abuso sexual en todo el país, además de 33 mil casos de violencia intrafamiliar. Hasta febrero, los medios de comunicación han informado de cinco feminicidios cuyas víctimas son Maria Cecilia Maldonado de 27 años asesinada por su pareja en la cárcel de San Pedro en La Paz, Toribia Cruz García, candidata a concejala en San Julián y muerta por su ex pareja; Candelaria Crespo Cuyco encontrada muerta en una comunidad del departamento de Oruro con señales de violencia, Zenobia C., de 23 años muerta en Cochabamba y una niña de 9 años, violada y asesinada por un individuo de 20 años en Santa Cruz.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia