A ocho años de promulgada la Ley 139 que establece el 24 de mayo como Día Nacional contra el Racismo y Toda forma de Discriminación, en desagravio a las afrentas que recibieron 50 campesinos producto del profundo racismo de parte de grupos radicales en la ciudad de Sucre, en mayo de 2008, la Defensoría del Pueblo destaca que desde el Estado existen avances importantes en la lucha por erradicar estas dos formas de actitudes que vulneran los derechos humanos; no obstante, reconoce que lo avanzado no es suficiente.
La Defensoría del Pueblo observa que todavía existen muchos desafíos pendientes en nuestro país, que aún persiste la discriminación contra los pueblos indígenas, afrobolivianos, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, población LGBTI, personas que viven con VIH-SIDA, migrantes y otros grupos en situación de vulnerabilidad; que aún persisten espacios de discriminación en el ámbito laboral, educativo o político.
La promulgación de la Ley 045 en 2010 y la conformación del Comité Nacional contra el racismo y toda forma de discriminación, del que es parte la Defensoría del Pueblo, son pasos importantes para el cumplimiento de lo que dispone la Constitución Pública del Estado, que en su artículo 14 parágrafo II, señala que “El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona”.
El mayor desafío de Bolivia para cumplir con la erradicación del racismo y toda forma de discriminación es la correcta aplicación de la normativa vigente para la protección de los derechos humanos. Esto depende de las capacidades con las que cuentan las instituciones encargadas de su cumplimiento, que no siempre han sido las más adecuadas.
Además de los esfuerzos y las acciones judiciales y administrativas dirigidas a hacer frente a los casos de violencia racial y discriminación, es importante reforzar las medidas para la prevención del racismo y toda forma de discriminación, mediante la educación y la capacitación en derechos humanos. Así también es importante proporcionar diversas formas de asistencia a las víctimas, en especial la asistencia médica y psicológica, así como el apoyo para crear oportunidades laborales para una vida digna.
En cuanto a la vulneración de derechos denunciados ante la Defensoría del Pueblo, durante la gestión 2018, la institución recibió un total de 78 casos relacionados a racismo y discriminación; y durante el primer trimestre de 2019, se registraron 17 casos.
El establecimiento de un “Día Nacional Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación”, es complementario a las responsabilidades del Estado Boliviano con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de la Organización de Naciones Unidas, que Bolivia ratificó el 22 de septiembre de 1970, mediante Decreto Supremo Nº 9345 del 13 de agosto del mismo año, que posteriormente fue elevado a rango de ley mediante Ley Nº 1978 del 14 de mayo de 1999.
El Estado Boliviano, en cumplimiento con sus obligaciones internacionales para los derechos humanos, presentó su Informe al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, el 13 de marzo de 2019. Como Defensoría del Pueblo hacemos un llamado al Estado a cumplir con las recomendaciones que vaya a emitir ese Comité, luego de revisar el Informe del Estado.
La Paz, 24 de mayo de 2019.