Bolivia es uno de los pocos países en el mundo que incluyó de manera expresa en su Constitución, la prohibición de toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, orientación sexual e identidad de género, prohibición que además fue desarrollada en la Ley N° 045, contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, la cual define a la homofobia como toda aversión, odio, prejuicio o discriminación contra personas que integran a la diversidad sexual y a la transfobia como la discriminación hacia la transexualidad y las personas transexuales o transgénero, basada en su identidad de género.
No obstante tales avances, la Defensoría del Pueblo observa que estas formas de discriminación aún persisten y no se cuentan con políticas concretas y sostenidas para erradicarlas y garantizar la igualdad y respeto de las personas con diversa orientación sexual y personas transexuales en el país. También identifica falencias en la obligación por parte del Estado en el cumplimiento del derecho al acceso a la justicia y en la persecución penal en casos cuyo móvil fue el odio, la discriminación e intolerancia.
Un ejemplo emblemático es la muerte de Dayana K.Z.B., quien fue asesinada de manera brutal en abril de 2016 en la ciudad de Santa Cruz; o el de Litzy H., asesinada de la misma forma en diciembre 2018 en la ciudad de El Alto. En el primer caso, la institución defensorial hizo seguimiento y acompañó el proceso hasta su conclusión. A la fecha es el único caso en Bolivia que llegó a una sentencia condenatoria.
Durante la gestión 2018, se recibieron 29 denuncias de vulneración de derechos a personas de la población LGBT y que están referidas al derecho a la identidad; derecho a la reparación; educación; actos de la administración pública; garantías del debido proceso y acceso a la justicia; igualdad y no discriminación; integridad personal; privacidad, intimidad, honra, honor y propia imagen, entre otros.
La Defensoría del Pueblo a tiempo de deplorar todo acto de intolerancia, así como la homofobia y transfobia basadas en prejuicios individuales, sociales y morales que resultan en prácticas habituales de hostilidad y exclusión respecto de las personas de diferente orientación sexual e identidad de género, exhorta a las autoridades competentes a continuar con las investigaciones y procesos penales correspondientes para evitar que este tipo de delitos queden en la impunidad.