La Defensoría del Pueblo, a través de su Representación Departamental en Santa Cruz, viabilizó un acuerdo entre la Policía Boliviana, autoridades municipales de Yapacaní y pobladores para posibilitar el retorno de la institución del orden a ese municipio, que se encuentra sin resguardo policial desde enero pasado cuando se vivieron hechos violentos entre uniformados y vecinos.
A iniciativa del representante departamental, Hernán Cabrera, ayer se llevó a cabo una reunión en instalaciones del Concejo Municipal de Yapacani, donde la Federación de Juntas Vecinales ofreció su sede que será adecuada para el funcionamiento de la oficina policial, lo cual motivó la posibilidad del regreso de los efectivos.
La comisión policial conformada por el Comandante de la Provincia Ichilo, teniente coronel Raúl Alfaro, el coronel Rubén Sánchez y el teniente coronel, Rubén Suárez, elevará un informe a la Comandante Departamental de Policía de Santa Cruz, coronel Lily Cortez, sobre el ofrecimiento de una infraestructura para la nueva sede policial.
Cabrera anunció que solicitará a la Comandante Departamental de la Policía que el retorno de los efectivos policiales se haga de forma inmediata, tomando en cuenta que existe la infraestructura adecuada para el trabajo policial, lo que se constató en la inspección que se hizo a la sede de la Federación de Juntas Vecinales de Yapacaní.
Además, recordó que la Policía tiene un mandato constitucional de resguardar la seguridad, el orden y la paz en todo el territorio nacional. Y el tema de seguridad ciudadana es un asunto que compete a los tres órganos del poder, Gobierno nacional, gobernación y gobiernos municipales, que están obligados a apoyar e invertir en seguridad ciudadana.
La comisión enviada por la Policía de Santa Cruz, solicitó a las autoridades ediles e instituciones de Yapacaní el apoyo en vehículos y combustible para continuar con los patrullajes a cargo de los uniformados. El coronel Sánchez manifestó que «la superioridad ha definido incrementar a 30 el número de policías que estarán en esa población para realizar patrullajes permanentes mientras dure esta transición».
Suárez, por su parte, indicó que ellos piden las «condiciones mínimas de habitabilidad y operatividad para que de forma inmediata regrese la Policía a ese municipio».
El Representante Defensorial manifestó que la Defensoría del Pueblo realiza un seguimiento permanente a los problemas que se viven en ese municipio, especialmente, al de la inseguridad ciudadana que se ha incrementado después de lo ocurrido en enero pasado. Recordó también que en Montero se gestiona la habilitación de la nueva cárcel que se espera esté habilitada hasta fin de año.
En la reunión de ayer también participaron el alcalde interino Zenobio Meneses Valles, representantes de la Dirección Distrital de Educación, Distrito I, Unión de Transportistas, Facultad Integral Ichilo, Radio Tv. Ichilo, Iglesias Unidas de Yapacaní, Mercado 1º de Abril, Federación de Interculturales, Federación de Juntas Vecinales, Mercado Agrícola y CEPAC Ayuda en Acción.
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, el pasado 22 de marzo presentó los resultados de la Verificación Defensorial realizada en Yapacaní sobre los hechos violentos del 9, 10 y 11 de enero y anunció la instalación de una mesa itinerante para apoyar en la problemática que enfrenta ese municipio.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Bolivia