La situación en la que viven las y los privados de libertad en los penales de Cochabamba y el respeto y pleno ejercicio de sus derechos humanos fueron analizados este martes en un encuentro departamental que fue organizado por la Defensoría del Pueblo a través de su Representación en esta ciudad.
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, al inaugurar el Encuentro, afirmó que entre los problemas que más preocupan son el hacinamiento y la retardación de justicia. En ese marco dijo que urge dar soluciones concretas e integrales a estos y otros factores que afectan a quienes se encuentran detenidos cumpliendo una pena o esperando una sentencia y cuyos derechos humanos son vulnerados pues sufren altos grados de discriminación y racismo, violencia física y sicológica además de carencias materiales, y extorsión.
La crisis en el sistema penitenciario, dijo, se puso en evidencia, una vez más, en agosto pasado con los hechos de violencia y muerte que se vivió en el penal de Palmasola en Santa Cruz, «uno de los más trágicos sucesos carcelarios en nuestra historia y la mayor visibilización de los graves problemas en todo el sistema».
«Nuestros estudios han identificado cuando menos tres niveles de grave afectación, que convierten a los privados y privadas de libertad en una de las poblaciones más vulneradas en cuanto a sus derechos: la corrupción del sistema penitenciario; la dependencia económica del privado de libertad para poder sobrevivir el encierro y la violación sistemática de sus derechos humanos».
Estos aspectos, además del acceso a la justicia, el debido proceso, protección de los derechos de las y los privados de libertad, presupuesto destinado a los recintos penitenciario, situación de la atención en salud y educación, fueron abordados por representantes del Tribunal Departamental de Justicia, Fiscalía de Distrito, Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, Defensa Pública, Pastoral Penitenciaria, Gobernación, Asamblea Legislativa Departamental, y de las Alcaldías Gobierno Municipal del Cercado, Sacaba y Quillacollo y de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba.
Un tema importante que se destacó fue la propuesta que surgió sobre la importancia que sean las y los propios privados de libertad quienes planteen sus demandas en el proceso de la elaboración del POA.
De este evento también participaron directores de los recintos carcelarios de esta ciudad y privados de libertad que compartieron sus testimonios de vida y los problemas que a diario sufren y enfrentan.
Las conclusiones que emerjan del encuentro serán plasmados en directrices que serán la base para que las instituciones involucradas en la temática y en el marco de sus competencias, delineen acciones para implementarlas desde el primer trimestre de 2014.
Villena destacó la realización del encuentro, empero instó a que no se quede solo como un espacio de debate y análisis, sino que permita recoger propuestas que apunten a dar respuestas reales a la problemática del sistema penitenciario del país.
Algunas cifras
Según cifras oficiales, el 84% de las y los privados de libertad no tienen una sentencia ejecutoriada y muchos de ellos se encuentran con detención preventiva por más de 5 años, lo cual incide en la problemática del hacinamiento.
Datos recientes de la Dirección General de Régimen Penitenciario, en Bolivia el nivel de sobrepoblación carcelaria alcanza al 202% ya que el total de las cárceles están habilitadas para albergar a 4.884 individuos y en la actualidad superan los 14.770.
Los casos más graves son los de Quillacollo, construida para 30 personas y que actualmente alberga a 320; San Roque de Chuquisaca con capacidad para 60 y actualmente con 402; Palmasola de Santa Cruz que tiene casi 5000 privados de libertad y cuya capacidad es de 600; San Pedro de La Paz con capacidad para 800 personas y actualmente con una población de 2.300 personas. Los casos de Riberalta, Guayaramerín, Trinidad y San Sebastián, acotó, son igualmente críticos.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia