Desde el inicio de los procesos contra la organización criminal dirigida por el abogado Jazmani Torrico L., la delegación defensorial de Cochabamba realizó seguimiento a tres casos desde el 2018. Para el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, “se tienen todos los elementos sobre una organización criminal y quién la dirigía, destinada a cometer delitos de secuestro, extorsión, lesiones leves y graves, amenazas, operando en cobros de dineros y firmas de documentos patrimoniales”.
Señaló que tendría que investigarse la participación de funcionarios públicos en la comisión de vejaciones y torturas, teniéndose presente que hay otro proceso contra JTL en el que hay policías involucrados, que serían también sus clientes, el cual es seguido por el Abg. Franz Zegarra, quien también habría sido agredido por patrocinar un proceso sobre el inmueble de su familia.
El Defensor informó que el juez de la EPI Norte se excusó de conocer la causa de la víctima de secuestro y otros delitos, J.A.C., mecánico de oficio, por haber denunciado anteriormente a JTL en 2016 tras ser víctima de un hecho con bomba. Tezanos Pinto informó que la Fiscal Faridy Arnez hizo conocer en la audiencia cautelar de 15 de noviembre de 2018, amenazas en contra de ella y sus hijos y que, actualmente, el juez Percy Cámara, que dispuso la detención preventiva de JTL, estaría siendo amenazado.
El Defensor se refirió a la afectación psicológica de la víctima J.A.C., mecánico de oficio, propia del síndrome severo, crónico que deja la tortura, y recomendó se le practique una pericia psicológica sobre trastorno de estrés post-traumático TEPT, siendo necesario que reciba tratamientos que incluyan farmacología.
De igual manera, señaló que junto al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Ministerio Público y la Policía Boliviana se gestionarán garantías a víctimas, denunciantes y testigos; y que ha sido determinante que las víctimas hayan tenido el valor de denunciar.