La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió agilizar el análisis y tratamiento normativo para modificar el Decreto Supremo 3437 que reglamenta el pago del bono mensual a personas con discapacidad grave y muy grave, y así subsanar la afectación a este sector que debe esperar entre seis a 18 meses para poder cobrar este beneficio.
En abril pasado, la Defensoría del Pueblo remitió al Ministerio de Justicia una propuesta de modificación de ese Decreto para subsanar restricciones identificadas que afectan el pago del bono mensual de 250 bolivianos establecido en la Ley 977 de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, documento que aún permanece en análisis en esa cartera.
Cruz dijo que la institución conoce casos de personas con discapacidad grave o muy grave, que para acceder a ese beneficio deben esperar muchos meses tras su registro y carnetización, cuando éste dinero debería entregarse una vez que éstas se inscriben en la plataforma Eustaquio Moto Méndez.
Uno de estos casos, remarcó, es el de Francisco T., de 41 años, quien el año pasado sufrió un accidente de tránsito que lo dejó parapléjico, con una discapacidad del 82% y hasta la fecha no cobró su bono porque se registró en septiembre del año pasado y tendrá que esperar 15 meses, hasta enero de 2020. Según lo establecido, las personas que se inscriben en la plataforma en el mes de junio, podrán cobrar su bono a partir de enero de la siguiente gestión, en tanto los que se registran en a partir de julio, deberán esperar hasta la subsiguiente gestión.
“Lamentablemente esta persona, la semana pasada, acompañado de su padre tuvo que trasladarse hasta la ciudad de La Paz, desde el municipio potosino de Chaquí, para recibir atención médica, ya que no cuenta recursos; en Coordinación con Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad de la Presidencia se pudo lograr darle asistencia, no obstante sería importante que él pueda acceder al bono mensual”, manifestó.
Tras las gestiones realizadas para apoyar al señor Francisco, el pasado jueves, servidoras públicas de la Delegación Defensorial Departamental de Potosí, lo trasladaron hasta su domicilio en el municipio de Chaquí.