Defensores del Pueblo de Latinoamérica reunidos en su XX Congreso Anual en Montevideo, este miércoles, coincidieron en que la transparencia es la base para la consolidación de las democracias en la región e identificaron el acceso a la información pública como el principal requisito para garantizarla.
“Debemos coincidir que no se puede hablar de plena vigencia del Estado de derecho sin la garantía y cumplimiento del derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, como un mecanismo fundamental para garantizar la transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de la democracia” afirmó el Defensor boliviano Rolando Villena, actual Vicepresidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) en su intervención.
Aurelio Veiga Rios, Procurador de los Derechos Humanos del Brasil, por su parte, remarcó la importancia de tener leyes de acceso a la información, suficientemente, claras y efectivas, aunque reflexionó que además es necesario que “las comunidades más humildes y vulnerables puedan acceder a la información pública en igualdad de condiciones que las ciudades”.
Con esta posición coincidió el Defensor del Pueblo de Colombia Jorge Otálora, quien aclaró que “el gran reto de la transparencia institucional en la región está en garantizar el acceso a la información en las zonas más apartadas de los países donde la presencia del Estado es deficiente”.
El Defensor del Pueblo del Ecuador, Ramiro Rivadeneira, señaló que uno de los inconvenientes identificados en los distintos países, es la poca valoración que los ciudadanos le prestan al ejercicio de este derecho.
«El derecho a la información pública implica el derecho a participar, pero también significa poder controlar cómo se desarrolla la gestión pública. Esto es muy importante porque la ciudadanía que no está informada difícilmente pueda tomar decisiones en cuanto a la gestión de la política», afirmó.
A propósito de este aspecto, Villena afirmó que el acceso a la información se ve limitado por una serie de normas y mecanismos que los gobiernos establecen respecto a este derecho. “Muchas veces la información reservada constituye la regla y no la excepción, y se exige al ciudadano que justifique el uso de la información pública antes de proveerla”, indicó.
Asimismo, señaló que el tema es particularmente delicado en el caso del ejercicio de este derecho por parte de la prensa. “Los periodistas conocen que muchas de las normas y tratados internacionales que garantizan el acceso a la información pública se cumplen, siempre y cuando los datos que solicitan a los funcionarios públicos no afecten intereses políticos o económicos de poderosos. Hay una vía crucis interminable cuando un periodista realiza investigaciones que van más allá de las conferencias de prensa; trabas que afecta en tiempos y calidad a la información que se les provee”, manifestó.
En el evento se conoció además, que Bolivia es uno de los pocos países de la región que no cuenta con una Ley Específica que regula el acceso a la información pública, aunque el ejercicio de este derecho se encuentra normado por el Decreto Supremo 28168 que reconoce el derecho de acceso a la información a todas las personas como un presupuesto fundamental para el ejercicio pleno de la ciudadanía y fortalecimiento de la democracia y conmina a las autoridades públicas a asegurar el acceso a la información completa, adecuada, oportuna y veraz, a todas las personas sin distinción de ninguna naturaleza. En 2014, la Defensoría del Pueblo recibió 244 denuncias por vulneración de este derecho.
Del XX Congreso de la FIO participan los Defensores y Defensoras del Pueblo de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela, que además sostendrán este miércoles 11 su Asamblea Anual en la que se elegirá a la nueva Directiva que hasta ahora estuvo presidida por el Defensor del Pueblo del Paraguay.
FUENTE: La Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia