La reunión del Consejo Andino de Defensores del Pueblo, que se realizó en la capital cruceña el 17 y 18 de este mes, concluyó con el compromiso de establecer un trabajo conjunto para impulsar acciones en defensa y promoción de los derechos humanos de los migrantes, de las personas adultas mayores y de los pueblos indígenas y afrodescendientes; realizar una investigación sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano con énfasis en el derecho a la participación y los derechos humanos y un mayor intercambio de experiencias entre las cinco instituciones defensoriales.
Los defensores firmantes del documento, Rolando Villena, de Bolivia, Gabriela del Mar Ramírez de Venezuela, Ramiro Rivadeneira del Ecuador, Eduardo Vega Luna de Perú y Juan Manuel Osorio en representación del Defensor de Colombia, también aprobaron modificar el artículo 3 del Estatuto del CADP para extender el periodo del mandato de la Presidencia y Vicepresidencia del Consejo de uno a dos años, con el objetivo de que la autoridad que presida esa instancia tenga el tiempo necesario para cumplir los objetivos trazados para su periodo de mandato. En ese marco, el Defensor boliviano estará a cargo de la presidencia pro tempore hasta marzo de 2015.
También aprobaron la reforma del artículo 6 para establecer que la Secretaria Técnica del Consejo Andino de Defensores del Pueblo estará a cargo de la Defensoría del Pueblo que ejerza la Presidencia con la responsabilidad de proponer “el plan de trabajo bianual del Consejo, preparará los proyectos de declaración, organizará las reuniones necesarias para los logros de los objetivos del Consejo, además de otras tareas que el Consejo le asigne”.
Los Defensores coincidieron en la necesidad de contar con recursos que posibiliten llevar a cabo los objetivos trazados del CADP y para ello determinaron solicitar a los responsables de la cooperación internacional en las Defensorías del Pueblo propongan mecanismos de ayuda técnica y financiera para ejecutar los planes, proyectos y actividades del Consejo Andino.
Las autoridades que evaluaron por dos días el rol de las Defensorías del Pueblo en los países andinos, manifestaron que el mayor reto que tienen es fortalecer el Consejo para lograr una mayor coordinación que posibilite impulsar un trabajo conjunto más efectivo y con resultados que se traduzcan en un mayor respeto y cumplimiento de los derechos humanos.
La representante de la Defensoría del Pueblo de Colombia, Patricia Luna, manifestó que los indígenas de su país se encuentran en riesgo debido a que por el conflicto armado que se vive, niñas, adolescentes y mujeres son secuestradas y terminan siendo prostituidas, violentadas y torturadas. Los adolescentes varones no están libres pues son captados para insertarlos en la actividad armada.
El Defensor del Pueblo del Ecuador, afirmó que se debe trabajar para lograr que estos delitos sean denunciados y no queden en la impunidad, mientras su colega del Perú, hizo énfasis en la necesidad de fortalecer las acciones de atención a las víctimas de trata
Fuente: Defensor del Pueblo de Bolivia