A raíz de las acciones represivas ejercidas contra las personas con discapacidad la mañana de este martes, la Defensoría del Pueblo expresa lo siguiente:
Expresamos nuestro repudio por las acciones de represión ejercida por la policía en contra de las personas con discapacidad, que intentaban acceder a la plaza Murillo la mañana de este martes.
Hacemos conocer nuestra más absoluta y drástica condena por la gasificación de la que fueron objeto, sin ninguna consideración por su larga caminata, su estado de indefensión y alta vulnerabilidad y sin reparar que entre el grupo se encontraban personas adultas mayores.
Lamentamos la insensibilidad y la irracionalidad con que actúa el Gobierno, en este caso, primero construyendo una cerca de alta protección para evitar que este grupo de ciudadanas y ciudadanos puedan ingresar a la plaza Murillo y ejercer el legítimo derecho a la protesta, la demanda y la petición, que no puede negarse a ninguna persona y que, precisamente, fue un mecanismo usado permanentemente por el Presidente Evo Morales Ayma cuando, en su condición de dirigente sindical, planteaba demandas y reivindicaciones a los gobiernos de entonces.
Condenamos la arbitraria detención de un periodista que realizaba su trabajo de cobertura de la represión, así como el intento de arrebatarle su material de trabajo; recordamos al Ministerio de Gobierno y a la Policía, que en Bolivia rige la libertad de expresión y de prensa y que estas acciones son susceptibles de procesos y sanciones por constituir delitos.
Finalmente, reiteramos nuestra petición para que el Gobierno inicie la negociación con la dirigencia de la marcha, sin ninguna condición ni excepción. Consideramos que un proceso de diálogo y consenso sólo debiera tener como límite el cumplimiento de la Ley y en este caso, las demandas de las personas con discapacidad no solo son legales sino legítimas y factibles de cumplimiento, más aún si consideramos los cuantiosos recursos que el Gobierno invierte en obras e iniciativas que no reportan beneficios reales para el país.
Demandamos que el Gobierno cese la millonaria campaña de desprestigio de las personas con discapacidad, que está haciendo uso de recursos públicos con el único propósito de restar legitimidad a una movilización justa, legítima y auténtica que solo busca que se haga justicia con una población que fue desatendida desde siempre y que sufre los más altos niveles de discriminación.
Como lo hizo desde el principio, la Defensoría del Pueblo acompañará la estadía de las personas con discapacidad y vigilará que las acciones como las ocurridas la mañana de hoy no se repitan.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia