La Paz, 30 de agosto de 2018.- Ante el conflicto con enfrentamientos armados por la intervención de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) en La Asunta para la erradicación de cultivos excedentarios de hoja de coca, que presuntamente está siendo resistida por comunarios armados, de la que tras el episodio del 24 de agosto hubo 7 policías heridos y falleció el Teniente Daynor Sandoval, y se reportaron oficialmente 2 muertos el 29 de agosto, el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, ofreció mediación y convocó públicamente a la pacificación y al diálogo a la dirigencia de los cocaleros de La Asunta y a los Viceministros de la Coca y Desarrollo Integral y al Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas en un lugar intermedio y neutral que podría ser en Yolosa o en Caranavi, cuya fecha y hora oficializaría el Órgano Ejecutivo.
El Defensor enfatizó que “se lamenta profundamente la muerte de dos comunarios muertos el día 29. Es necesario alertar que si bien hubo un reporte oficial al respecto, el número de víctimas fatales y heridos puede ser mayor porque se tiene conocimiento que el enfrentamiento armado fue de varias horas y el conflicto puede cobrar mayores dimensiones”.
El 28 de agosto la defensoría planteó la erradicación pacífica de hoja de coca excedentaria y a objetividad en la investigación por la muerte del policía Sandoval repudiando vehementemente el uso de armas y la muerte de un uniformado y de igual manera la muerte de dos comunarios, manifestando su solidaridad con las familias.
Tezanos Pinto reiteró que ya desde el 23 de agosto, un día antes de los hechos, se informó ante prensa de Caranavi (Los Yungas) que un equipo de 4 funcionarios de la Defensoría del Pueblo se dirigió hacia la zona del conflicto, mismo se reunió con dirigentes de San Fernando el 24, no pudiendo ir más allá de Noria (Central Puerto Rico) donde hay un derrumbe producido por dinamitas al no encontrar condiciones mínimas de seguridad.
“Se tiene como antecedente el acuerdo firmado el 18 de abril entre la FTC y cocaleros de La Asunta, con la mediación de la Defensoría, que permitió suspender las medidas de presión en esa zona, cuando se produjeron enfrentamientos anteriormente. Ya en esa oportunidad se había acordado entrar en diálogo con los nuevos dirigentes que debían elegirse a finales de abril”, acotó.
De la misma manera manifestó que: “Se deplora enfáticamente el uso de cualquier tipo de armas en conflictos sociales; preocupan los reportes oficiales y vídeos sobre utilización de rifles, escopetas, armas automáticas y semiautomáticas por parte de sectores de la población en este conflicto y se llama a los comunarios a prescindir del uso de estas bajo cualquier circunstancia”, manifestó el Defensor. Asimismo, dijo que los miembros de la Policía deben ser responsables del uso reglado de la fuerza en cuanto a necesidad, racionalidad y proporcionalidad (Código de Ética de los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley)”.
Agregó que: “Se pondera la nota enviada por la dirigencia de la Central Puerto Rico al Presidente del Estado Plurinacional, que en uno de sus puntos se refiere a la erradicación de coca excedentaria de manera pacífica y voluntaria, por lo que esto podría abrir el diálogo bajo la revisión de compromisos y cumplimiento de acuerdos, con la interacción de una dirigencia cocalera que tenga la responsabilidad para arribar a la solución de este conflicto que se viene prolongando”.
El Defensor señaló que respecto a la situación del dirigente de ADEPCOCA, Franklin Gutiérrez, así como del cocalero Osvaldo Bautista, corresponde al Ministerio Público realizar las investigaciones bajo el principio de objetividad.
Finalmente, la autoridad defensorial recalcó que la Defensoría se entrevistó con Franklin Gutiérrez en la cárcel de San Pedro. La Defensoría del Pueblo ha emitido emitido requerimientos de informe escrito al Comando General de la Policía, a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio de Gobierno, al Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral y al Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas en investigación de oficio sobre los hechos del conflicto que se van suscitando, así como en seguimiento al proceso penal abierto.