El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, señaló hoy que desde la esfera estatal se está generando un modelo estructural de vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo la visión adulto centrista y violenta del Estado y la sociedad frente a esta población que, de consolidarse, significará un retroceso como país y un peligro de alta gravedad para el futuro.
“La legalización de la explotación infantil inserta en el Código Niña, Niño y Adolescente, que disminuye a 10 años la edad de trabajo permitido y protegido; la criminalización a los y las adolescentes al disminuir la edad de imputabilidad penal a 14 años; los vacíos graves respecto a la protección de adolescentes mujeres víctimas de matrimonios precoces con adultos; la inexistencia de una política pública sobre la niñez y la adolescencia y la inacción culposa del Estado frente a la creciente violencia contra niñas, niños y adolescentes, a lo que se suma la reciente propuesta de Ley contra la delincuencia juvenil y las pandillas, son parte de un esquema que desde el propio Estado deja en indefensión y vulnerabilidad al 44% de la población del país que, además, es la más desprotegida y vulnerada en sus derechos elementales”, afirmó Villena.
Se trata, acotó, de la imposición en Bolivia, de un modelo adulto centrista que ve a la niñez y la adolescencia como objetos y no como sujetos de derechos, lo que hace que la generación adulta no solo traslade su frustración y su incapacidad sobre esta población, sino que emita leyes y normas que en lugar de incrementar sus derechos y su protección, las disminuya afectando no solo el presente sino el futuro.
Recordó que desde la implementación del Estado Plurinacional no se ha hablado de disminuir la edad del voto o de la capacidad para realizar actos comerciales por sí mismo o siquiera tener licencia para conducir motorizados, sin embargo se están aprobando leyes para limitar los derechos de este grupo poblacional o incrementar su vulnerabilidad.
La posición de la autoridad surgió luego de un análisis a las últimas leyes que se aprobaron en torno a esta población y las nuevas propuestas que emergieron de la Cumbre de Seguridad Ciudadana y que buscan penalizar la formación de grupos definidos como pandilla que, de acuerdo al Ministerio de Gobierno, buscan disminuir los índices delictivos en Bolivia.
Proyecto de ley retrógrado y punitivo
Respecto de la última propuesta del Ministerio de Gobierno, el Defensor señaló que resulta inaudito que un Ministerio orientado hacia la represión, haya tomado la iniciativa sobre las y los adolescentes en conflicto con la Ley, presentando un proyecto regresivo, punitivo y persecutorio, en cuyas consideraciones legales ni siquiera considera al artículo 60 de la Constitución Política del Estado y que, incluso, plantea la incorporación de adolescentes mayores de 16 años de edad en el Servicio Militar, aspecto que hace apenas tres semanas fue declarado inconstitucional por el Propio ente jurisdiccional mediante sentencia pública.
Villena, asimismo reclamó que el Ministerio de Justicia ni siquiera hubiese sido mencionado para tratar este tema, en cuyo contenido se está involucrando a adolescentes desde los 14 años como señala la referida norma.
“Nos alarma porque no se trata de un tema aislado sino que se suma a una serie de decisiones y acciones especialmente en los últimos meses que pretenden criminalizar la conducta de adolescentes mostrándolos en espectáculos de propaganda mediática y generando alrededor de ellos, especialmente de quienes conforman tribus urbanas o grupos, una especie de estigma social relacionado con el delito y el peligro”, manifestó.
Observó también, que la propuesta en sí misma vulnera la Convención por los Derechos del Niño y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, además de la Constitución Política del Estado y el propio Código Niña, Niño y Adolescente. “Mencionamos por ejemplo el principio de separación de causas ya que involucra a adolescentes en delitos cometidos por adultos”, indicó.
Según el Defensor, el problema del aumento de la delincuencia en Bolivia tiene orígenes estructurales que se agravan por la incapacidad del gobierno por enfrentarlas. “Es indudable que temas como la pobreza y la falta de oportunidades, el narcotráfico, la debacle del sistema de justicia, la corrupción pública, la poca confianza en la Policía y orientación hacia valores como el consumismo, el hedonismo y el éxito material, van a producir más personas que cometan delitos”, señaló.
Empero, remarcó, resulta irresponsable hacer creer a la opinión pública que el aumento de la violencia social tiene que ver con las pandillas y mucho menos con los adolescentes.
“Ante la incapacidad se está optando por la espectacularidad y esto nos parece un peligroso camino porque en ese afán se pretende afectar los derechos de las y los adolescentes, especialmente de los más pobres, de los que optan por ser diferentes y conforman grupos o tribus urbanas que ahora son susceptibles de ser perseguidos y encerrados como delincuentes”, manifestó.
El Defensor señaló que es evidente que en Bolivia, como en cualquier país hay adolescentes e incluso niños que cometen delitos, sin embargo aclaró que mayoritariamente esta población es víctima antes que victimaria y que es poco serio de parte del gobierno presentar datos incompletos, desfasados, descontextualizados o distorsionados para justificar estas acciones.
“Hemos investigado y corroborado con otras fuentes que hasta el 2015, apenas el 8% de las causas por violación de niñas, niños y adolescentes de este segmento etareo, y sólo 105 de 1.052 casos de estupro terminaron en sentencia. Una investigación defensorial identificó que en los centros de rehabilitación de los nueve departamentos hay cerca de 600 internos, es decir menos del 5% de los casi 14.000 adultos que están detenidos en recintos penitenciarios; del total de adolescentes y niños privados de libertad, más del 60% no tiene sentencia y la mayoría tiene más de 16 años, además, la mayoría está detenida por delitos de violencia sexual y hurtos», puntualizó.
Por otro lado, dijo que se está ignorando que más del 90% de los delitos sexuales y el 85% de los casos de trata y tráfico afectan a esta población, además que presenta los más altos niveles de vulnerabilidad en ámbitos como la explotación, la discriminación y la falta de acceso a oportunidades de salud.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia