Cuatro informes de la Defensoría del Pueblo, publicados entre 2012 y 2013, dejan evidecia la situación de alta vulnerabilidad de mujeres, niñas y adolescentes, mujeres con discapacidad y privadas de libertad. «Estas investigaciones muestran una realidad de indefensión, vulneración y alto riesgo de los derechos humanos de los grupos investigados y evidencian la inacción de las instituciones del Estado y la pasividad de la población frente a esta realidad», afirmó su máxima autoridad, Rolando Vllena.
Estos informes específicos, «Estado de Situación de los Derechos de las Mujeres con Discapacidad», «Feminicidio en Bolivia»; «Informe Defensorial sobre los Derechos de las Mujeres Privadas de Libertad» e «Informe defensorial sobre Violencia Sexual», coinciden en señalar que la vulneración de derechos de esta población tiene múltiples formas y causas, siendo las principales la discriminación, el incumplimiento o la ausencia de normativa que la proteja, y la violencia, lo que a su vez encuentra una explicación integral en la estructura y el modelo patriarcal que impera en la sociedad y que se ensaña de manera particular con las mujeres.
El Defensor, a tiempo de enviar su mensaje por el día de la mujer señaló que «es valorable el esfuerzo que se está realizando desde las instituciones del Estado, especialmente la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Gobierno con la creación de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, para trabajar de manera más integral y efectiva para defender los derechos de las mujeres, sin embargo es indudable que no son suficientes las leyes y las políticas, es necesario que toda la comunidad y es Estado tomemos conciencia y nos involucremos en este esfuerzo en el que se juega la propia sostenibilidad de nuestra sociedad».
Mujeres con discapacidad
En este caso, el informe específico señala que normalmente la discapacidad congénita en la mujer es rechazada y considerada castigo, carga, molestia, una vergüenza e incluso una maldición, lo que desde su nacimiento las condena a ser víctimas de discriminación y segregación constante.
La encuesta que sirvió de base para el estudio, señala que el 86,6% de las mujeres con discapacidad, reconoce la existencia de violencia de género en su cotidiano. La violencia sicológica es la más extendida con un 34.3% seguida de la violencia física con 16,3%, la violencia sexual ocupa el tercer lugar con el 13.4%. Otras formas de violencia identificadas por las mujeres con discapacidad son la económica, el encierro, la incomunicación y la negación de varios de sus derechos. Las Unidades Educativas, lugares públicos, servicios de salud y Centros de Rehabilitación y de educación especial, los inquilinos, los dueños de casa, vecinos del barrio, son los espacios de violencia y discriminación.
El abandono del padre progenitor es el más frecuente cuando su hija presenta discapacidad. Si la madre forma otra familia, generalmente deja a la hija con discapacidad con familiares cercanos; muchos cónyuges de mujeres con discapacidad no les permiten o les restringen estudiar, trabajar, participar en organizaciones de base y otros, lo que refuerza las relaciones de dominio y dependencia bajo un sustrato de violencia.
La investigación permitió detectar que el hombre sin discapacidad, es el que más abandona cuando la mujer adquirió discapacidad, esto se refleja en un alto índice de mujeres discapacitadas que deben convertirse en jefas de hogar.
Uno de los mayores riesgos para las mujeres con discapacidad se expresa en la violencia sexual, siendo los principales agresores, el padre, padrastro, hermanos, cuñados, primos, tíos, abuelos, padrinos y otros. Si bien este es un riesgo para las mujeres en general, lo cierto es que se agrava cuando la mujer tiene discapacidad porque el agresor toma la discapacidad como «ventaja» para cometer estos hechos.
El estudio identificó además una serie de barreras y dificultades que deben soportar en su cotidianidad como la falta de rampas, ascensores adecuados, teléfonos accesibles, aceras y mal estado de calles empezando en sus barrios, kioscos y múltiples vendedores/as en las aceras, semáforos para discapacidad visual, postes, construcciones, etc. Muchos centros de salud y Hospitales no cuentan con condiciones de accesibilidad, presentan barreras arquitectónicas y actitudinales. No disponen de equipamiento (camas, cama ginecológica, baños) para mujeres con discapacidad, que dificulta la atención del parto, tampoco cuentan con personal capacitado que responda a las necesidades de las diferentes discapacidades de esta población.
Mujeres privadas de libertad
A julio de 2013, las mujeres constituyen el 13% de las población penitenciaria en el país, de las cuales sólo el 23% tiene sentencia; más de un tercio tienen niños y niñas a su cuidado. Al momento de realizar el estudio (2011) sólo los recintos penitenciarios de La Paz, Cochabamba y Beni, cuentan con establecimientos exclusivos para mujeres, el resto debe compartir la infraestructura de varones, lo que genera riesgo de abuso sexual, asalto u hostigamiento y la generación de espacios de violencia de género por la subalternización de las mujeres al control del poder y decisión de los varones.
La principal barera la constituye la visión patriarcal que determina la asignación de espacios y de roles al interior de los recintos, así como la representación y la toma de decisiones, que responde al criterio de mayorías y por tanto las mujeres tienen poca o ninguna representación y menos con posibilidades de afectar las decisiones.
La subordinación en la esfera reproductiva se optimiza en el ámbito público, cuando a ella se suma factores como la falta de información, bajos niveles de instrucción, desconocimiento del ámbito público, pobreza, jefatura femenina, entre otros, que son coadyuvantes a la violencia de género.
El informe evidencia que a diferencia de los hombres, a las mujeres se les restringe el derecho de visita conyugal, ya que para acceder a este derecho deben acreditar tener una relación matrimonial o de concubinato, limitando de este modo el derecho a las mujeres solas o sin compromiso formal con una pareja.
Las mujeres privadas de libertad suelen perder la relación con sus conyuges con mayor rapidez que los hombres, especialmente si provienen del interior del país o de provincias del mismo departamento.
Otro de los problemas que limitan el ejercicio de sus derechos es el ámbito educativo, ya que para ellas solo se canalizan cursos en el ámbito reproductivo, afirmando los roles domésticos como repostería, tejidos, a diferencia de los varones que reciben cursos de carpintería en madera y metal, soldadura y otros, lo que denota la discriminación por género.
En relación al derechos a la alimentación, no se considera un tratamiento diferenciados cuando se trata de mujeres embarazadas, además que las coinas de los centros están administradas casi siempre por varones. Asimismo en rtelación a su derecho a la salud, en ningún centro se cuenta con un especialista en Ginecología, por lo que la atención a las necesidades y enfermedades de las mujeres no es atendida debidamente, tampoco se prevé realizar análisis de detección de cáncer cérvico uterino ni mamografías.
La salida del recinto para el parto, es también preocupante porque generalmente se espera el último momento para llevarlas un hospital y ésta corre con los gastos de ambulancia.
Los consultorios son compartidos con los hombres y están ubicados en la sección varones. Las mujeres que acuden a los mismos, no necesariamente tienen garantizada la intimidad durante su revisión médica.
Violencia sexual
Este estudio revela que siete de cada diez mujeres sufrieron abuso sexual alguna vez en su vida; cada año se registran 14.000 denuncias de violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes, de estas, el 60% son casos sucedidos en los propios hogares de las víctimas. También señala que de los casos que llegan a estrados judiciales, solo el 0,04% concluyen con una sentencia para el violador.
De acuerdo al estiudio, del 100% de los expedientes de casos revisados en materias relacionadas con los derechos de las mujeres, el 71,2% fue rechazado por los fiscales por falta de pruebas y de éste el 41% corresponde a delitos sexuales.
Los problemas que enfrentan las víctimas para que sus procesos avancen son el cambio de investigadores o fiscales, limitado número de forenses, falta de gratuidad, discriminación en razón de género, actitudes machistas por parte de jueces y fiscales, desconocimiento de procedimientos judiciales, falta de medios técnicos y periciales para la recolección de pruebas.
Los casos son abandonados porque las víctimas temen represalias o porque los procesos son largos y revictimizadores, los abogados transan con los agresores, algunos fiscales y jueces interponen sus oficios en favor de los agresores o las víctimas no están lo suficientemente preparadas como para afrontar el proceso.
Para llegar a las sentencias, las víctimas de violencia sexual se deben a que la investigación no es dinámica porque hay cambio de investigadores, de fiscales, o están en acefalías, o simplemente no hay personal como es el caso de forenses que tienen una amplia extensión jurisdiccional para cubrir los casos y no hay recursos para facilitar su traslado, o no existe la unidad en una investigación, los mismos familiares buscan encubrir el acto cuando el agresor es del entorno familiar o , buscan que el Ministerio Público no avance en las investigaciones, buscan conversión de acciones, algunos jueces aplican medidas muy benignas a los imputados que dan como resultado que el acusado se dé a la fuga.
Entre las razones por las que no se logran sentencia se tiene que:
Las víctimas abandonan los casos, porque temen represalias o porque los procesos son largos y revictimizadores, por lo que no hacen el seguimiento correspondiente;
Transan con los agresores sobre todo cuando en el proceso de investigación no se ha logrado una adecuada recolección de muestras, lo que facilita el trabajo de los abogados de los agresores, quienes van anulando cualquier prueba y estrategia que sustenta la posición de la víctima;
Las víctimas no están lo suficientemente preparadas como para afrontar las preguntas del juez y la defensa del abogado del agresor;
Las víctimas desconocen los procedimientos judiciales; La falta de recursos económicos hace que los investigadores no puedan llevar las notificaciones, entonces el caso no avanza;
La constitución de los tribunales, en todo el tiempo que lleva constituir los tribunales se vence el plazo de la detención preventiva del imputado, por lo que la persona está en libertad y que usualmente huye y es casi imposible encontrarlo nuevamente
El acceso a la justicia es también cuestión de dinero.
Feminicidios
El feminicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres y se produce luego de que las víctimas han vivido situaciones sistemáticas y cada vez más graves, de violencia de género, es decir violencia por el hecho de ser mujeres.
En Bolivia, a nivel institucional, ni el sistema de justicia ordinaria, ni tampoco el sistema de justicia indígena originaria campesina, resultan efectivos para proteger el derecho de las mujeres bolivianas a una vida libre de violencia y sancionar adecuadamente a los agresores, evitando así que la situación de violencia llegue al extremo de convertirse en feminicidio.
Se han identificado barreras que determinan la impunidad y obstaculizan una respuesta efectiva en los casos de feminicidio.
De acuerdo a nuestra investigación sobre el vínculo entre la víctima y el agresor, la relación en los casos de feminicidio es de un 96% entre personas conocidas, con quienes se tiene o tenía un vínculo sentimental, laboral, familiar o de amistad. De ellos, un 80% sostenían o habían sostenido una relación sentimental o de pareja con la agraviada.
Las víctimas entre los 14 y los 40 años, forman el 86%, de ellas las jóvenes son la mayoría con un 69% y al menos el 12% de las víctimas se encontraba en estado de gestación.
El análisis evidenció que la violencia hacia las mujeres va más allá de las edades, niveles educativos, ocupaciones o posibilidades económicas.
Precisamente estos patrones socio-culturales se reflejan en la persistencia de antecedentes de historias de violencia recurrente en contra de las víctimas, en un 67% de los casos de feminicidio íntimo. En los casos restantes no se sabe si ésta violencia previa existía o no.
La alevosía y ensañamiento con la víctima, también son elementos comunes en todos los expedientes revisados y ello se destaca en uno de los casos seleccionados como emblemáticos. Además, el 60% de los feminicidios íntimos se produjo en la casa de la víctima. Con ello, el espacio privado, donde supuestamente se tiene mayor seguridad, se convierte para las mujeres, en el lugar de mayor peligro. Respecto a la motivación, encontramos que las causas asociadas a celos y el control de las mujeres suman en conjunto el 70%, uno de los casos, de ruptura de una relación de pareja, fue seleccionado como emblemático, precisamente por esta razón. Otro 20% adicional también está asociado al ejercicio de poder de hombres sobre mujeres. Sólo el 10% restante tienen otras motivaciones.
A su vez, la permisibilidad de la víctima y el entorno frente a las conductas de violencia, la levedad en las sanciones en casos de delitos por lesiones, el hecho que se incumplieran las garantías establecidas o las mismas conciliaciones que se produjeron en los casos que se denunciaron, contribuyen a fortalecer aún más el poder de los varones, que potencian estas conductas violentas de manera progresiva, tanto en frecuencia como en intensidad hasta llegar al feminicidio, ya que lo que impera es la seguridad originada en una impunidad manifiesta.
En la jurisdicción indígena originaria campesina, a la que las mujeres de las comunidades tienen mayor acceso, no resulta una opción que les garantice su derecho a vivir una vida libre de violencia. En muchos casos la violencia hacia las mujeres se encuentra tan naturalizada que las mujeres no acuden a las autoridades comunitarias, por dependencia de los varones, por vergüenza o temor de la sanción social de la comunidad y sus autoridades, más aún si existe la más leve sospecha de infidelidad, que en algunas comunidades todavía se castiga con pena de muerte para las mujeres.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Estado Plurinacional de Bolivia