La Defensoría del Pueblo de Bolivia editó un estudio titulado Maltrato en las escuelas: Análisis de reglamentos de faltas y sanciones en unidades educativas, que fue presentado el pasado 8 de mayo durante un acto en el que la Defensora del Pueblo en suplencia legal, Dra. Rielma Mencias, hizo entrega del trabajo a representantes del Ministerio de Educación de ese país.
A continuación se enumeran algunas de las conclusiones obtenidas a partir del análisis de los reglamentos de faltas y sanciones en vigencia aplicados a niños, niñas y adolescentes de las unidades educativas del sistema formal de educación:
1. Los reglamentos de faltas y sanciones vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes del sistema escolar por su enfoque punitivo y sancionador que justifica el castigo, y porque no incentivan la práctica de los valores, el respeto a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
2. Los reglamentos de faltas y sanciones son contrarios a la legislación boliviana en vigencia, porque no respetan la normas de protección a la niñez y adolescencia, al incurrir en violencia y maltrato escolar, afectando profundamente el desarrollo de la personalidad, el rendimiento escolar y la permanencia en el sistema escolar de las y los alumnos.
3. Los reglamentos de faltas y sanciones no son resultado del consenso de la comunidad educativa, por tanto, no recogen el sentir y pensar de las y los estudiantes ni los aportes que puedan dar para su aplicación y seguimiento. Los padres de familia, Juntas Escolares y estudiantes desconocen los Reglamentos en su integridad.
4. Los reglamentos de faltas y sanciones niegan el reconocimiento de la condición de niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares de derechos y personas en proceso de desarrollo, al no tomar en cuenta su opinión. La aplicación de castigos la define el docente y/o el regente y en caso de faltas graves, el Director y el Consejo de Maestros, pueden determinar expulsar al alumno sin tomar en cuenta su punto de vista, no hay credibilidad en la palabra de éste ni se toma en cuenta los factores intervinientes en la manifestación de esa conducta.
5. Los reglamentos no responden al contexto socio-económico y cultural en el que viven niños, niñas y adolescentes, negando su identidad cultural.