La Procuradora General del Principado de Asturias, María Antonia Fernández Felgueroso, ha participado ayer, junto a los Defensores del Pueblo de otras Comunidades Autónomas, en una Conferencia que organiza el Defensor del Pueblo Andaluz, para responder desde estas instituciones a las demandas de las personas motivadas por la situación de crisis económica. El encuentro se ha celebrado en la sede del Parlamento de Andalucía.
En esta Jornada, una de las habituales jornadas de trabajo que se realizan a lo largo del año, los 10 Defensores Autonómicos (todos excepto los de Castilla y León y Canarias) han indicado que la crisis comporta un estímulo para ser más ágiles y tener más capacidad de defensa de los derechos, especialmente los de los más desfavorecidos.
En este sentido, han coincidido en indicar que la excesiva burocratización de los procedimientos con la Administración les hace perder agilidad para poder atender situaciones que requieren una actuación inmediata, como los desahucios. Abrir el espectro de competencias más allá de la supervisión estricta de la Administración y buscar fórmulas de intermediación son algunas de las propuestas surgidas del encuentro para que los defensores puedan dar soluciones a las personas más necesitadas.
También se ha recordado que organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Consejo de Europa han recomendado fortalecer las instituciones de Ombudsman, tanto de ámbito nacional como autonómico. Con este Jornada de trabajo se ha pretendido reflexionar conjuntamente sobre el papel a desempeñar por esta Instituciones en el nuevo panorama económico social que está delimitando esta situación de crisis a través de:
Estudiar las quejas recibidas durante los últimos años, cómo ha evolucionado el impacto de la situación de crisis económica sobre la vida de las personas y la afección de sus derechos más elementales. Definir las acciones de respuesta y los nuevos retos para el funcionamiento de las Defensorías del Pueblo. Ratificar un compromiso colectivo de cumplir con los mandatos legales y estatutarios, para velar por el pleno respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía, en especial, en esta difícil situación.
FUENTE: Procuradoría General del Principado de Asturias