ARGENTINA: «Queremos saber en qué Estado se encuentra el Inventario Nacional de Glaciares»

La Defensoría del Pueblo viene realizando desde hace tiempo una evaluación del cumplimiento y aplicación, a escala nacional, de la ley Nº 26.639 sobre el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial en todo el territorio de la República Argentina.

Ello, para poder saber dónde existen glaciares y ambientes periglaciales, cuál es el estado de avance del inventario, qué superficie cubren, cuales son los tipos de glaciares y/o zonas periglaciales, los cronogramas a cumplir, a la vez que definir áreas prioritarias -por ser zonas de riesgo- ante el asentamiento de actividades productivas.

Recordemos que la Ley Nº 26.639 se encuentra vigente y es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio argentino, obligando a preservar los glaciares y ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos y prohibiendo la realización de actividades que puedan afectar su condición natural.

Si bien la Ley de Glaciares fue sancionada en el año 2010, recién fue puesta plenamente en vigencia en julio del año 2012 luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara sin efecto medidas cautelares presentadas por estados provinciales que frenaban su aplicación, lo cual posibilitó finalmente el inicio del Inventario Nacional de Glaciares.

A nivel nacional, esta ley establece que será el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) el organismo responsable del Inventario Nacional y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) el organismo responsable como Autoridad de Control y coordinador de la ejecución del mismo.

El IANIGLA tiene cinco años para completar el Inventario Nacional, a partir de su firma en febrero de 2011, es decir, debe terminarlo en febrero de 2016.

El último informe de avance afirma que se completó entre el 50% y el 70% del inventario nacional y que ya están completas las provincias de San Juan, Mendoza y Santa Cruz al 100%, mientras que la provincia de Jujuy comenzará a ser inventariada recién a mediados del año 2015.

Allí, el Instituto distinguió la responsabilidad de las provincias y de la Nación para completar los Inventarios de Glaciares, aclarando que si bien la metodología utilizada por las provincias coincidía, en principio, con la del organismo naconal (de hecho ellos habían capacitado a un gran número de profesionales provincianos que intervienen en los inventarios de sus respectivas provincias), los procesos de elaboración de los inventarios son independientes.

Respecto a la definición de las Áreas Prioritarias, informó que desde un principio la SAyDS se ocupó de solicitar a las provincias que, de acuerdo a lo estipulado en la ley, definieran sus áreas prioritarias pero nunca recibió contestación, salvo de Tierra del Fuego que informó que en dicha provincia no había áreas prioritarias, es decir no había emprendimientos mineros en actividad.

En base a la complejidad, diversidad y extensión del área a inventariar a nivel nacional, el IANIGLA organizó el Inventario Nacional de Glaciares en cinco grandes regiones: Andes Desérticos, Andes Centrales, Andes del Norte de la Patagonia, Andes del Sur de la Patagonia, Andes de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. Dichas regiones involucran a 37 cuencas nacionales y 79 subcuencas correspondientes, que poseen aporte de cuerpos de hielo permanente.

El IANIGLA cuenta en este momento con un plantel permanente de 8 personas y con un fuerte apoyo y compromiso por parte del Conicet Nacional, de quien depende el Instituto mencionado, y de convenios con las provincias andinas. Sin embargo, si bien el plantel profesional está en mejores condiciones que en el comienzo de la aprobación de la Ley de Glaciares, sigue siendo escaso tanto el presupuesto como el total del personal disponible para la magnitud de la tarea encomendada.

Por eso, desde la Defensoría del Pueblo estamos preocupados y queremos saber sobre el estado del Inventario Nacional de Glaciares, que debe estar finalizado antes de febrero del 2016.

 

FUENTE: Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina