El Adjunto I a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, -junto a un grupo de funcionarios de la Institución y miembros de fundaciones ambientales e integrantes del Cuerpo Colegiado sobre la Cuenca Matanza Riachuelo-, recibió a Malesh Mehta, abogado y ambientalista de la Corte Suprema de la India, que trabaja desde hace más de 25 años en el saneamiento del río Ganges.
«Desde 1984 hasta hoy sigo luchando por el saneamiento del río Ganges. Al principio no había nada, la Corte no tenía interés y mandaron todo a archivo. Nunca imaginé que terminaría siendo uno de los casos más importantes, con 200 mil industrias y 300 ciudades involucradas», explicó Mehta en la reunión que se desarrolló en la sede de la Defensoría Nacional, además agregó: «No tengo un equipo de abogados porque no hay plata para estas causas de interés público. Tengo que hacer las cosas por mi cuenta y con ayuda de voluntarios».
Mehta es abogado de profesión y un ambientalista comprometido que además de llamar la atención de la Corte sobre la urgencia del río Ganges, también llevó adelante un plan de educación ambiental que ahora es obligatorio en todos los niveles, hasta en las universidades, a partir del cual incluso los medios de comunicación están obligados a transmitir spots de conciencia ambiental. «El derecho a la vida se extendió al derecho de un ambiente sano y es importante que todos seamos conscientes de ello. El río aún no está limpio, pero sí la consciencia respecto al tema», comentó el ambientalista.
«En India somos muchísimos habitantes, por lo tanto, la relocalización de las industrias es más fácil que relocalizar gente. La Corte les dio un plazo, habló con las provincias para que le dieran lugar, es decir parques industriales, y la tierra muy barata y con la posibilidad de acceder a créditos bancarios», explicó Mehta cuando se le consultó acerca de las medidas que se tomaron: «La Corte decretó que los empleados que querían seguir trabajando, iban a ser relocalizados en un año y así proteger las fuentes de trabajo. El trabajador, a su vez, tenía la opción de no querer mudarse junto a la industria y la empresa entonces tenía el deber de pagarle un sueldo durante seis años». «Si una industria no puede pagar indemnizaciones, ni instalar una planta de tratamiento, entonces no tiene derecho a existir», respondió favorablemente la Corte Suprema de la India, por lo tanto decretó que ninguna industria puede instalarse dentro de los 500 metros desde la línea de la ribera del Ganges y, las que se encuentren dentro de ese límite, deben ser relocalizadas. «La Corte dijo que las empresas son importantes para la economía nacional, pero más importante es la salud y el trabajo de la gente», explicó el abogado.
«El Ganges es un río nacional, es decir, el Estado tiene derechos especiales sobre el mismo, pero el río tiene su propio derecho a la vida. Si el río se seca y el agua es usada para el riego, el río muere. Si a nosotros nos sacan una botella de sangre, seguimos viviendo, pero si nos sacan toda, morimos también», finalizó Mehta.
Del encuentro participaron, por parte de la Defensoría Nacional: Horacio Esber, Director de Derechos Sociales; Julieta Ghioldi, Jefa del Área de Seguridad Social y Empleo; Mariana Grosso, Jefa del Área de Servicios Públicos; Daniel Bugallo, Jefe del Área de Legales; Mónica del Cerro, Jefa del Área de Salud; Leandro García Silva y Javier García Espil, en representación del Área de Medio Ambiente.
Además estuvieron presentes Ana Lamas en representación de AIDIS (Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente); Aldo Espósito miembro de UISCUMARR (Unión de Industriales para Saneamiento Cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista); Pablo Herrera representando a la Fundación Vida Silvestre Argentina; Gustavo Bianchi director de la maestría en gestión ambiental de la Universidad Nacional de San Martín; Silvana Terzi de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Inés Rivera del Área de Cambio Global de FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales); Cecilia Alvis de ACDH (Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos); Carolina Farztein de CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales); Vanina Ferreti de NEO Ambiental y Agustín Hernández de FADEA (Foro Abierto de Derecho Ético Ambiental).
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina