El Secretario General a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, CPN Carlos Haquim, exhortó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a considerar la revisión y modificación de la resolución que incrementó los montos para inscribirse y rendir los exámenes correspondientes a Despachante de Aduana y Apoderados Generales de Despachante de Aduana y Agente de Transporte Aduanero y Apoderados Generales de Agente de Transporte Aduanero.
La Defensoría considera que la demora en la actualización de los mismos no les es imputable a los aspirantes, quienes habiendo cursado las carreras correspondientes, para obtener las certificaciones deben abonar las sumas de $12.000 y $10.000, respectivamente. Dichos valores surgen de la Resolución General Nº 3710, de fecha 15 de enero de 2015, del registro de la AFIP.
De acuerdo con los cálculos realizados por los propios interesados, el aumento sería del seis mil por ciento (6000%) respecto a los aranceles anteriores, por lo que consideraron que se está afectando su derecho a la educación.
La AFIP informó que la diferencia con los aranceles anteriores se fundó en la prolongada falta de actualización de los mismos, ya que el valor modificado (antes era de $200) había sido fijado en el año 1992 (Resolución Nº 1139, del 14 de julio de ese año).
Sin perjuicio de que resultase necesaria su actualización, en orden a los requerimientos contenidos en el Código aduanero, no puede imponerse semejante carga referida a la falta de actualización del monto durante años, en cabeza de los aspirantes. Máxime cuanto el problema nace por la inacción de la Administración.
Como ejemplo de la desmesura, la Defensoría nacional elaboró parámetros para intentar determinar la razonabilidad de la medida. La labor realizada arrojó los siguientes resultados:
1 – En primer término, se tomó como variable de actualización del SALARIO MÍNIMO VITAL Y MÓVIL, fuente: Comisión del Salario Mínimo Vital y Móvil, índice a diciembre de cada año, ello señala que la actualización alcanza los $4400, precisando que el salario vital y móvil en tanto es fijado por la propia Administración podría ser una variable de ajuste para el concepto.
2.- En segundo término, se tomó como variable el MÍNIMO NO IMPONIBLE del IMPUESTO A LAS GANANCIAS, fuente: AFIP, ello alcanzaría los $648, concluyendo que los derechos del contribuyente correspondiente a sus obligaciones impositivas fueron ajustados por la AFIP con este coeficiente,
3.- En tercer lugar, se adoptó como variable de ajuste el DÓLAR ESTADOUNIDENSE, fuente: Banco de la Nación Argentina, Cotización en moneda de curso legal vigente tipo vendedor al último día hábil de cada año. En este caso la actualización habría alcanzado los $1720,30075. Se tuvo en cuenta que los honorarios de los Despachantes se cobran sobre el valor FOB o CIF de facturas que son de importación y exportación.
Por lo tanto, la institución consideró que tanto la inscripción para rendir los exámenes para obtener la certificación como Despachante de Aduana y Apoderados Generales de Despachante de Aduana, valuada en $12.000, como la necesaria para obtener el certificado como Agente de Transporte Aduanero y Apoderado General de Agente de Transporte Aduanero, valuada en $10.000, exceden la cuota de razonabilidad que debe primar en toda norma.
Resulta a todas luces excesivo no haber previsto la gradualidad de la aplicación de la norma, ya que seguramente un grupo superior al presentado ante esta institución quedará sin oportunidad de rendir los exámenes que les permitirían ejercer su profesión, ocurriendo esto además al final de sus carreras.
El derecho a obtener una formación que permita ejercer la actividad para la que el ciudadano se ha preparado no puede depender de una actualización demorada por el propio Estado, que ahora pretende subsanar a través de un ajuste con 23 años de retraso.
FUENTE: La Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina