El 8 de julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que lleven a cabo medidas para garantizar los derechos ambientales en la Cuenca Matanza Riachuelo. Así, abrió una oportunidad para cambiar la realidad de un sector históricamente postergado, caracterizado por actividades contaminantes y poblaciones excluidas.
Al cumplirse siete años de aquel fallo histórico, desde la Defensoría presentamos un informe especial que muestra que, aunque se pusieron en marcha organismos estatales y políticas públicas, los resultados obtenidos ya no son satisfactorios. El análisis evidencia que persisten deficiencias estructurales y surgieron nuevos problemas, lo que torna incierto el logro de los resultados que persigue el caso judicial.
Nadie pone en duda que, en comparación con el 2003, la situación mejoró. Ese año trazamos un diagnóstico sobre la crítica situación de la cuenca. Pero lo cierto es que los esfuerzos actuales no alcanzan para garantizar los derechos fundamentales de las personas afectadas.
El control de las principales fuentes contaminación es insuficiente y en muchos casos está mal orientado. Se reconvirtieron 503 industrias sobre un total de 10.000, persisten más de 200 basurales clandestinos y se demoran obras sanitarias importantes, como el Colector Margen Izquierda. A la vez, no fue posible identificar a las personas expuestas a un mayor riesgo ambiental. Se desconoce la cantidad de hogares que no tiene agua y cloacas, mientras se entregó menos del 20% de las viviendas comprometidas, y los estudios demuestran problemas de salud en la población expuesta a la contaminación.
Por esos motivos hemos pedido a la Corte que impulse nuevamente este proceso. Confiamos en que su intervención, una vez más, permitirá actualizar las herramientas disponibles para afrontar los desafíos que se presentan. No quitamos mérito a quienes se esfuerzan por lograr avances, pero la complejidad del problema exige convocar a las máximas instancias institucionales para retomar la iniciativa y romper el amesetamiento que se observa en las acciones
FUENTE: La Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina