ARGENTINA: Defensoría acompaña a familias confinadas y desplazadas en Chocó por presión de grupos armados

Funcionarios de la Entidad han podido corroborar que cerca de 900 personas se ven afectadas por las acciones del Clan Úsuga y el riesgo de enfrentamientos entre este grupo y el ELN.

La Defensoría del Pueblo confirmó la situación de confinamiento y desplazamiento al que se han visto forzados cerca de 900 habitantes del municipio de Alto Baudó (Chocó) por el temor a posibles enfrentamientos entre miembros del llamado Clan Úsuga y la guerrilla del ELN.

Esta situación ya había sido advertida desde agosto del año pasado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría, a través de una nota de seguimiento a un informe de riesgo, que se mantiene vigente, para los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó.

En la nota, enviada a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT) del Ministerio del Interior, laDefensoría del Pueblo destaca la ampliación de la zona de disputa armada entre el ELN y el grupo armado ilegal autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), hacia los territorios colectivos del municipio de Alto Baudó, lo cual podría configurar la persistencia de  vulneraciones a los derechos humanos para las comunidades afrocolombianas asentadas en esta subregión.

Al cabo de una reunión de seguimiento a la situación de orden público en Quibdó, encabezada por el Defensor Alfonso Cajiao, la Entidad fue alertada sobre el movimiento del grupo post desmovilizado, y fue así como desde el pasado 23 de febrero el organismo de control para los derechos humanos en Colombia pudo verificar el confinamiento de las comunidades negras de Apartadó, Amparradó, Peña Azul, Boca de León, Cocalito, Batatal, Puerto Misael y Las Delicias como resultado de la presencia de las AGC, quienes establecieron pautas de comportamiento y restringieron la movilidad de los pobladores.

De hecho, la Defensoría ha tenido acceso a testimonios de motoristas que manifiestan sentir temor y no contar con las garantías de seguridad para movilizar sus embarcaciones, lo cual se refleja en la interrupción del tránsito fluvial por el río Baudó y sus afluentes.

Además de esta situación de confinamiento, los habitantes del Alto Baudó han manifestado su zozobra debido a la advertencia hecha por las AGC, durante varias reuniones a las que los han llevados bajo presión, sobre sus intenciones de expandir la presencia armada y los controles sociales en la región.

Estos mensajes generaron que varias familias abandonaran sus viviendas. Justamente, el mismo 23 de febrero comenzó a registrarse el desplazamiento masivo de población de la zona rural hacia Pie de Pató (cabecera urbana de Alto Baudó) y hacia las comunidades afrocolombianas de Cocalito y Boca de León. Hasta el momento, se registra la llegada de 166 personas a la cabecera de Pie de Pató.

La Defensoría del Pueblo remitió comunicaciones a las autoridades de carácter civil y militar en el departamento del Chocó para atender la situación de vulneración a los derechos humanos, y ha dispuesto el acompañamiento de los defensores comunitarios en la zona, el cual se ha mantenido desde el martes anterior.