El Justicia pide a la Administración que se tenga en cuenta la situación económica actual de las familias para conceder las ayudas.
El balance del área de educación del Justicia de Aragón a comienzos del nuevo curso escolar refleja un aumento de las quejas sobre acceso y un descenso de las referidas a las becas de comedor y material escolar.
Respecto al primer asunto, las quejas de los padres que no han obtenido plaza en el colegio deseado ascienden a 49, el doble que el año anterior, mientras que sobre comedores se han recibido 7, de las cuales 3 están referidas al curso 2014-2015, frente a 22 del año pasado.
Relacionado con el proceso de escolarización, el Justicia ha pedido a la Administración que flexibilice la ratio de alumnos por aula en aquellos casos en los que el número de niños excluidos lo permiten y que valore la creación de una vía nueva o algún aula provisional en centros con una elevada demanda, como el colegio Sainz de Varanda de Zaragoza, los situados en las zonas de Montecanal y Valdespartera también de la capital aragonesa, y el Pedro J. Rubio de Huesca.
Respecto al primero, la Administración respondió a la sugerencia del Justicia aceptando la apertura de una tercera vía con lo que el problema se ha solucionado. Menos inmediata será la solución para los escolares de Montecanal y Valdespartera puesto que el Gobierno aragonés pospone la ampliación de plazas a la construcción de un nuevo colegio público de tres vías. También nos ha informado que ha recurrido la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de no ceder suelo para la construcción de un centro privado en la zona, que podría optar a la concertación educativa y que, en caso de obtenerla, ampliaría la oferta de plazas sostenidas con fondos públicos de la zona sur de la ciudad, según escrito de la propia Administración.
Sobre la situación de las familias que no han obtenido plaza para sus hijos en el colegio Pedro J. Rubio de Huesca y la posibilidad de abrir una tercera vía, la Administración informó al Justicia que la solución definitiva se tomará durante las primeras semanas de septiembre.
Pendiente de respuesta por parte de la Administración se encuentra la queja de varios padres de Jaca que reclaman para sus hijos una plaza en la escuela pública. Dado el inminente comienzo del curso y el hecho de que son 5 niños, el Justicia pide flexibilidad para que puedan estudiar en la opción que más se ajusta a sus pretensiones.
Sobre las becas de comedor, en tramitación en este momento se encuentra la queja de una familia disconforme con la exigencia de tener que presentar la Renta de 2012 siendo que en la actualidad su situación económica es mucho más precaria.
Sobre este asunto, el Justicia ya ha tenido ocasión de pronunciarse considerando excesivo el tiempo que transcurre desde la fecha de la Renta solicitada y el momento actual, casi dos años, sobre todo teniendo en cuenta los constantes cambios que se están produciendo actualmente en el mercado laboral, como puede ser la pérdida del empleo de alguno o ambos progenitores. Por ello, el Justicia de Aragón ha pedido a la Administración que actúe con flexibilidad y que atendiendo a circunstancias objetivas y suficientemente justificadas, revise estos casos.
También se ha pronunciado el Justicia sobre el límite de renta máximo para poder optar a las ayudas de comedor y material escolar, que considera bajo y sólo justificable si de esa manera se atiende a un mayor número de familias muy necesitadas. No obstante, y con el fin de paliar la limitada disposición presupuestaria del departamento de Educación, el Justicia ha apelado a la colaboración de otros departamentos con competencias de tipo social, y de otros organismos como Ayuntamientos y Comarcas.
Por último, en los próximos días el Justicia se pronunciará sobre la oferta de plazas públicas de 0 a 3 años, insuficiente para atender la demanda sobre todo en las capitales de provincia y poblaciones importantes. Como ya hiciera en anteriores ocasiones, el Justicia de Aragón sugerirá a las Administraciones que, o bien incrementen el número de plazas en las guarderías, o bien concedan ayudas para las familias que tienen que matricular a sus hijos en centros privados, como ya hace el Ayuntamiento de Huesca.
FUENTE: Justicia de Aragón