Con motivo del verano y de la proliferación de campamentos juveniles y actividades de ocio tanto en el medio urbano como en el rural, el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, se ha dirigido a todas las comarcas de Aragón y a los ayuntamientos de las capitales de provincia sugiriéndoles la adopción de medidas que garanticen una actuación correcta ante una reacción alérgica severa y si fuera preciso, la intervención inmediata que pueda evitar daños irreparables.
Para ello, el Justicia aconseja adoptar un protocolo y seguir o adaptar las indicaciones que al efecto han elaborado la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica (SEICAP), la Asociación Española de Alérgicos a Alimentos y al Látex, la Asociación Española de Pediatría y la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, y que el Justicia incluye en la sugerencia.
Las previsiones más negativas indican que, en el año 2050, la mitad de la población podría padecer alguna alergia. En particular, la alergia alimentaria es la que ha experimentado un mayor crecimiento entre la infancia, y en España afecta actualmente a un 7,5 % de la población infantil.
Según la SEICAP, la realidad es que los niños alérgicos tienen dificultades añadidas a las de cualquier niño, que pueden limitar sus actividades. Precisamente, para que no queden excluidos de determinadas actividades y aislados de su entorno, Fernando García Vicente considera fundamental la colaboración entre todas las personas del entorno del menor.
Es obligación de los padres facilitar todos los datos e informes médicos a los responsables al cuidado de sus hijos, describir con la mayor precisión posible los síntomas, el tratamiento recomendado y las pautas de intervención prescritas por el especialista médico; proporcionando incluso los medios que sean necesarios para intervenir ante una reacción alérgica severa, como pudiera ser la adrenalina autoinyectable.
Por otro lado, en todos los lugares donde los menores realizan actividades, incluidas las de ocio y tiempo libre, es preciso tomar las debidas precauciones para evitar riesgos, dado que no se puede descartar que una reacción alérgica se presente por primera vez en tales entornos.
Al efecto, el Justicia incluye en la sugerencia un «protocolo de actuación ante una reacción alérgica en la escuela» y un decálogo de actuación ante las alergias, elaborados por las asociaciones antes citadas. Estos documentos tienen como objetivo, por una parte, paliar la «ansiedad e inseguridad» de los padres de niños alérgicos y que se sientan más tranquilos al dejar a su hijo para realizar actividades durante un largo período de tiempo; y, por otra parte, que el personal conozca el problema y sepa cómo actuar para enfrentarse a una reacción alérgica con la debida protección legal.
En opinión del Justicia, en el caso de que un menor sufra una reacción alérgica grave, que requiera una intervención de urgencia, existe la obligación del personal de actuar ya que, de no hacerlo así, se derivan responsabilidades que recaen, fundamentalmente, en la persona que pudiendo actuar no actúa. Pero también se ha de proteger al personal cuando, actuando de buena fe, accede a administrar un tratamiento prescrito al menor.
FUENTE: El Justicia de Aragón