— Elba Rocío Sánchez Rosas
Alumna del Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho, y Democracia en Iberoamérica.
El Departamento de Arauca, en Colombia, es noticia a nivel nacional de manera constante pero no por informaciones positivas sino por el contario por producir datos negativos relacionados con el conflicto armado que padece el país y que no es ajeno a este Departamento, que con dos centenas y medio de habitantes, ocupa los primeros lugares en las estadísticas de país en Minas Antipersonal, homicidios, violencia sexual, atentados terroristas, desaparición forzada, reclutamiento forzado, desplazamiento forzado, por nombrar algunas de las infracciones que diariamente ejecutan los Grupos Armados Organizados – GAO- de las FARC y el ELN, sumado a las violaciones a los derechos humanos que también son cometidas por algunos miembros del ejército contra la población civil, especialmente contra niñas, adolescentes, mujeres e indígenas. Ante este panorama la respuesta del Estado es débil, pues priman temas en los cuáles hay posibilidad de realizar acciones que les permite un favorecimiento personal y que se relacionan con la corrupción; sumado a la ingobernabilidad y la falta de seguimiento de organismos de control que se registra. En este contexto, desde el 2008 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Refugiados – ACNUR, cumple una invaluable labor en favor de la población en riesgo y situación de desplazamiento, a través del diseño de estrategias de Prevención, Protección y Soluciones, todas con enfoque diferencial.