La Defensoría del Pueblo de la Nación intervino ante un aparente caso de violencia obstétrica en la provincia de Buenos Aires, cuando le fue denegado el acceso a la sala de parto al momento de una cesárea al padre del recién nacido. Es por este motivo que se exhortó a la Dirección de la Clínica Independencia -prestador de la obra social OSUTHGRA– que arbitre las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la Ley Nº 25.929 de Parto Humanizado y optimice la atención de mujeres embarazadas para evitar y prevenir situaciones que encuadran en violencia obstétrica, conforme la Ley Nº 26.485.
«Mi hijo nació un jueves y nos dieron el alta el sábado, vino una obstetra a despacharme, a retarme porque no me había curado la herida, a decirme que no fuera exagerada, que me parara derecha, yo estaba en el baño y me gritaba que no tenía todo el día», agregó la interesada en su denuncia.
Violencia obstétrica es la violencia institucional hacia las mujeres que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de aquellas, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales durante la atención del embarazo, desde el período de gestación hasta el post parto. Son tres las leyes fundamentales que tutelan los derechos de las mujeres embarazadas y en situación de parto: la Ley Nº 26.485 de Protección contra la Violencia hacia las Mujeres, la Ley Nº 25.929 de Protección del Embarazo y el Recién Nacido y la Ley Nº 26.529 de Derechos del Paciente.
Es importante destacar que el Defensor del Pueblo de la Nación forma parte de una mesa de trabajo coordinada por la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cuyo objetivo es trabajar sobre la temática de violencia obstétrica, junto a otros organismos, como la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación, profesionales de hospitales públicos y ONG’s vinculadas a la temática.
Por medio del exhorto emitido desde la Defensoría nacional, se solicitó la intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud y se puso en conocimiento de la CONSAVIG, de la Secretaría de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación, del INADI y de OSUTHGRA.
FUENTE: La Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina