El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, reunido en la ciudad de San Salvador, El Salvador, el día 24 de noviembre de 2014,
Reconocemos que el agua es un recurso natural limitado y un bien público básico para la vida de la especie humana; y que el derecho humano al agua y al saneamientoes indispensable para vivir con dignidad y una condición previa para la realización del resto de derechos humanos, tal como lo estableció el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su Observación General N° 15 (2002).
Preocupados por el crítico estado y continuo deterioro de los bienes hídricos de la región, a consecuencia de actividades contaminantes, falta de planificación y ausencia de políticas públicas adecuadas, y la explotación desmedida y descontrolada sobre estos bienes; sumado a la distribución desigual en el acceso al agua de calidad, que incrementan la vulnerabilidad ambiental y alimentaria de la región. Todo ello, repercute en las condiciones de pobreza y exclusión social en las que se encuentran gran parte de nuestros pueblos, con impactos especialmente graves en la vida de mujeres, niñas, niños y adolescentes, aumentando las tazas de morbilidad y mortalidad.
Tomando en cuenta que el 36.9% del territorio centroamericano (191.449 Km2) está conformado por bienes hídricos en cuencas compartidas.
Reafirmandoque los Estados de la región tienen las obligaciones de respetar, proteger y dar cumplimiento al derecho humano al agua y el saneamiento, de manera justa, equitativa y sin discriminación.
Apreciando la importante labor que realizan las comunidades organizadas, las organizaciones ambientalistas y aquellas vinculadas con el acceso al agua potable, en la lucha por su reconocimiento y desarrollo como un derecho humano, así como para la protección de las cuencas hídricas de la región centroamericana.
Observando que el reconocimiento del derecho humano al agua y el saneamiento en las normas constitucionales y secundarias beneficiaría a todos los sectores de nuestras sociedades, dando certeza respecto de las prioridades en su uso y aprovechamiento, y dejando claro que aunque es un bien que posee un valor, por su condición finita y por ser esencial para la sobrevivencia de todas las especies y ecosistemas, no debe estar sujeto a mercantilización y, por tanto, debe regularse de manera racional.
Teniendo presente que dicho reconocimiento y desarrollo en la legislación secundaria a nivel interno y regional, representaría un paso significativo de integración en la región y el fortalecimiento institucional en la protección de los bienes hídricos, para la creación de garantías que permitan erradicar progresivamente problemas como la desnutrición, el hambre, el acceso inadecuado a servicios de agua potable y saneamiento, la degradación y contaminación de bienes hídricos.
Reconociendo que la mayor coordinación entre las instituciones nacionales de derechos humanos a nivel centroamericano lograría fortalecer nuestra posición en defensa de los derechos humanos, incluido el derecho humano al agua y el saneamiento, de nuestros pueblos; en cumplimiento de nuestros mandatos constitucionales y legales.
Por lo que, como representantes de las instituciones nacionales de derechos humanos que conforman el Consejo Centroamericano de Procuradores, abajo firmantes:
1. Declaramos nuestra preocupación por la falta de reconocimiento y desarrollo del derecho humano al agua y el saneamiento en algunos de los ordenamientos jurídicos de los países de la región centroamericana, para el caso las Repúblicas de Guatemala, El Salvador y Panamá, lo que conlleva repercusiones en la realización de los derechos humanos, principalmente en las poblaciones más vulnerables y excluidas, e incumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos.
2. Instamos a lograr la gestión integral de las mismas, por medio del fortalecimiento de la institucionalidad regional y estableciendo acuerdos que tengan a la base el beneficio de las poblaciones y la mayor protección de los bienes naturales centroamericanos, asegurando los derechos humanos y a través de un enfoque de cuenca.
3. Acogemos con beneplácito que Nicaragua y Honduras cuenten con leyes generales de agua que incorporan la gestión integral de los bienes hídricos y que en Costa Rica se haya aprobado en primera legislatura el proyecto de Ley de Recursos Hídricos presentado por los movimientos ambientalistas a través del mecanismo de iniciativa popular. Que Honduras haya reconocido el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en su Constitución Política y lo contemple en suLey para el establecimiento de una visión de país y la adopción de un Plan de Nación para Honduras y otras leyes especiales y generales (2010). Igualmente, en el caso de la Leyes Generales de Aguas de Nicaragua y Costa Rica que lo reconocen como uno de sus principios.
4. Instamos a que los gobiernos de la región centroamericana cumplan con las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos y del derecho humano al agua y el saneamiento en específico, aprobando el reconocimiento constitucional y las leyes generales de agua, así como la búsqueda de la promulgación de nuevos acuerdos regionales para la gestión integral hídrica, con enfoque de cuenca e incorporando la perspectiva de los derechos humanos y los principios de justicia, igualdad y solidaridad intergeneracional, con el objetivo de alcanzar el pleno desarrollo de la persona humana y los pueblos.
5. Hacemos un llamado para que los gobiernos de la región diseñen políticas hídricas nacionales y regionales, tomando en cuenta el resto de factores que afectan la integridad de los bienes hídricos y que están influyendo en la realización del derecho humano al agua y el saneamiento, como lo son los impactos asociados al fenómeno del cambio climático, la desprotección del sector forestal, la falta de ordenamiento en los territorios y la contaminación por el uso de químicos tóxicos en la agricultura y la industria; así como que se tomen medidas para asegurar una mayor cooperación internacional en apoyo al desarrollo de estos temas.
6. También hacemos un llamado para que los gobiernos centroamericanos fortalezcan la participación de la sociedad civil informada, por medio de efectivos procesos de consulta para la toma de decisiones vinculadas al derecho humano al agua y el saneamiento que afectan a la población, como una práctica adecuada que previene conflictos socioambientales.
7. Ratificamos nuestro compromiso, como instituciones nacionales de derechos humanos de Centroamérica y en cumplimiento de nuestro amplio mandato de velar por el respeto y garantía de los mismos, incluido el derecho al agua y el saneamiento, y en las diferentes formas de llevar a cabo esta labor dentro de nuestros países, así como de manera coordinada a nivel regional para promover cambios y la reivindicación de este derecho, especialmente de las poblaciones más vulnerables, activando los mecanismos de protección disponibles para tal efecto.
San Salvador, 24 de noviembre de 2014.
David Ernesto Morales Cruz
Procurador para la Defensa de los de Derechos Humanos de El Salvador
Monserrat Carboni
Defensora de los Habitantes de la República de Costa Rica
H. Roberto Herrera Cáceres
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras
Omar Cabezas Lacayo
Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Nicaragua
FUENTE: Procuraduría para la Defensa de los de Derechos Humanos de El Salvador