Valora positivamente el anuncio del Gobierno de congelar los precios del transporte público, pero insiste en que es necesario hacer efectivo el sistema tarifario integrado. Critica la suspensión del Decreto ley, pero solicita medidas alternativas más profundas, más allá de los aplazamientos temporales. Señala que la garantía de los derechos de las personas no se puede ver condicionada por el hecho de que preste el servicio una empresa privada.
El Síndic de greuges, Rafael Ribó, ha comparegut avui davant del Parlament PER explicar l’informe i les actuacions que ha dut a terme amb relació al fenomen de la pobresa energètica i traslladar als grups parlamentaris un conjunt de recomanacions per combatre’l. També ha exposat les consideracions i recomanacions incloses en l’informe sobre els preus del transport públic.
Frente a la impugnación del Decreto catalán contra la pobreza energética en el Tribunal Constitucional (y consiguiente suspensión) por parte del Gobierno de España, el Síndic considera que es preciso buscar vías alternativas y más profundas, algunas al alcance del Gobierno de la Generalitat, como los convenios con las empresas suministradoras, que se debería potenciar al máximo. El convenio, suscrito voluntariamente con las empresas, permite ir más allá de lo previsto en el actual marco legal en la lucha contra la pobreza energética.
El Síndic también recuerda que aún no se ha realizado una definición de consumidor vulnerable, cosa que es básica y fundamental para poder articular las medidas necesarias para paliar los efectos de la pobreza en el consumo energético. Más allá de la tregua invernal estipulada en el citado decreto, el Síndic avanza que presentará un informe sobre el derecho a los suministros básicos, en que constata que los sistemas tarifarios deberían fomentar el ahorro y la eficiencia energética, penalizar el despilfarro de recursos escasos y trasladar sobre los consumos excesivos o suntuarios el coste de los suministros básicos de los consumidores vulnerables.
El Síndic también ha evidenciado que los suministros son servicios básicos y que es necesario velar por el derecho de las personas a acceder a los mismos. Más allá del debate acerca de si los servicios de interés general deben ser prestados por entidades públicas o privadas, existe un elemento común y esencial en ambos casos, que es la garantía de los derechos de las personas y, por tanto, que éstos no se vean disminuidos en función de quien presta el servicio.
Congelación de PRECIOS de los transportes públicos PARA el año 2015
El Síndic ha valorado positivamente el anuncio del Gobierno de congelar los precios del transporte público, medida que ha propuesto reiteradamente y que es una de las principales recomendaciones incluidas en el informe sobre el precio de los transportes públicos, presentado el pasado mes de julio y que hoy ha sido debatido en comisión parlamentaria.
Rafael Ribó se ha mostrado prudente ante el anuncio y ha insistido en que son necesarias otras medidas inmediatas, como hacer efectiva sin más dilaciones la homogeneización de las tarifas sociales entre los diferentes operadores del transporte público del sistema integrado metropolitano.
De cara a las personas que sufren directamente las peores consecuencias de la crisis, el Síndic propone que se amplíen los supuestos existentes de ayudas al transporte público (T-trimestre atur) para las personas perceptoras de una prestación contributiva por desocupación que esté por debajo del salario mínimo interprofesional. El Síndic recomienda que se realicen las modificaciones presupuestarias necesarias y recuerda que la reducción del paro debe ser una prioridad de los poderes públicos.
Finalmente, ha insistido en que es preciso mejorar los servicios de atención y reclamación en todas las empresas de transporte.
FUENTE: Síndic de greuges