Con el Real Decreto de julio de 2012 las actividades relacionadas con el sector funerario incrementaron el tipo aplicable del 8% hasta el 21%.
De acuerdo con una directiva europea es necesario un cambio normativo para aplicar un tipo de IVA reducido puesto que se trata de un servicio esencial. Rafael Ribó ha trasladado la recomendación a la presidenta del Parlamento y a la Defensora del Pueblo para que, si es pertinente, emprendan las acciones oportunas.
El Síndic de Greuges considera que el tipo del 21% en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que se aplica a las actividades relacionadas con los servicios funerarios no se corresponde con la naturaleza propia del servicio, que, como reconoce la ley sobre servicios funerarios, es de carácter esencial. Por este motivo, ha propuesto que se emprenda una modificación legislativa que rebaje el IVA de este sector al tipo reducido del 8%.
El Síndic abrió una actuación de oficio puesto que el impacto que el incremento del tipo de IVA en este sector, que pasó del 8% al 21%, puede tener para la economía familiar. El incremento tuvo lugar a raíz de un Real Decreto del año 2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Este Real Decreto introdujo, entre otras, modificaciones en los tipos impositivos aplicables a determinados productos y servicios en el impuesto sobre el IVA, entre ellos los funerarios.
En la medida en que el IVA es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumidor final, este incremento en el tipo del 8% al 21% tiene, sin duda, un efecto económico sobre los destinatarios de este servicio, que se ven obligados a utilizarlo.
La medida ignora, además, una directiva de la Unión Europea relativa al IVA según la que los estados miembros pueden aplicar el tipo reducido sobre los servicios prestados por funerarios y servicios de cremación, junto con el suministro de bienes relacionados con esta actividad.
Al tratarse de una normativa estatal, el Síndic ha trasladado toda la información y propuestas a la Defensora del Pueblo para que pueda emprender las acciones oportunas. También ha informado a la presidenta del Parlamento para que, si lo considera oportuno, inicie una actuación parlamentaria.
FUENTE: Síndic de Greuges de Catalunya