La Procuradora Adjunta de la institución del Ombudsman, Hilda Morales, durante la reunión con autoridades del MSPAS y del INCAN, en la cual busca resolver la problemática del acceso a la salud para las mujeres de escasos recursos que viven con cáncer.
La institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), ante los señalamientos de la organización «Reconstruyendo Vidas» (RV), en contra del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) de la Liga Nacional Contra el Cáncer (LNCC), aduciendo mala atención, retardo y falta de gratuidad en los servicios a las pacientes remitidas de los hospitales nacionales, pese a la existencia de un convenio entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y la Liga, por el cual se provee un aporte económico a esta última, para la atención de los/las pacientes referidas, convocó a las partes en conflicto a una mesa de diálogo para resolver esta problemática que vulnera el derecho a la vida y a la salud de aproximadamente 60 mujeres.
La Procuradora Adjunta de la institución del PDH, Hilda Morales Trujillo, señaló la preocupación que existe por las constantes dificultades que enfrentan las pacientes para ser atendidas en el INCAN, y tomar en cuenta, como una oportunidad, la renovación del mencionado convenio, en el cual se deben actualizar las condiciones que faciliten la atención a las y los pacientes sobrevivientes de cáncer.
Una reciente supervisión efectuada in situ por personal del PDH estableció que en el INCAN ningún servicio es gratuito para pacientes referidos por los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, inclusive el carné de identificación tiene un costo. «Una situación sencilla que evidencia que incumplen con el convenio es que no hay un rótulo que informe que los servicios médicos son gratis para los pacientes remitidos de los hospitales nacionales». Esto, se espera sea corregido en la suscripción del nuevo convenio, subrayó la Procuradora Adjunta.
En la redacción del nuevo convenio –dijo– la organización RV solicitó establecer disposiciones más efectivas para auditar y supervisar el manejo de la asignación presupuestaria, pues según denuncian las pacientes, al requerir información sobre dicho aporte, ésta entidad se las niega. «Si incluyen en el documento esta nueva ventaja, la cual beneficiará a la auditoría social, será magnífico para la transparencia en la ejecución del gasto; sin embargo, la Magistratura de Conciencia, con dicha cláusula o sin ella, continuará de oficio con las supervisiones y visitas para establecer el cumplimiento de todos los aspectos del convenio que involucren el derecho a la salud», resaltó.
Tracy Salazar, representante de RV, afirmó que lo que piden de las autoridades del MSPAS, es que el presupuesto asignado a la Liga sea realmente invertido en los tratamientos de radioterapia, además de atender casos de emergencia de quimioterapia, los cuales son fundamentales para garantizar la vida y la salud de las pacientes de escasos recursos. «El apoyo de la institución del Procurador, en cuanto a la mediación, ha cumplido con nuestras expectativas», añadió.
El viceministro de hospitales de la cartera de Salud, Marco Vinicio Arévalo, confirmó que el nuevo convenio con el INCAN incluirá un mecanismo para que la sociedad civil audite la forma en que se invierten los recursos, además del establecimiento de una ruta crítica, la cual servirá para que los médicos de los hospitales nacionales evalúen a las pacientes antes de remitirlas a la LNCC.
FUENTE: Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala