Ante la suspensión en la atención a los beneficiarios del Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM) por parte del Hospital Viedma de Cochabamba, la Defensoría del Pueblo, como institución responsable de velar por el cumplimiento de los derechos humanos de las bolivianas y los bolivianos comunica lo siguiente:
Expresamos nuestra alarma ante la decisión señalada que pone en riesgo la salud y la vida de las personas adultas mayores del Municipio de Cercado.
Hacemos pública nuestra indignación ante la actitud indolente e insensible de las autoridades del Gobierno Municipal del Cercado que, aduciendo asuntos ajenos a las propias normas, determinaron no renovar la suscripción del acuerdo con el Hospital Viedma para la atención de casos médicos, especialmente los relacionados con enfermedades renales y de tratamiento de cáncer, sin considerar las graves consecuencias y la afectación de derechos de esta población.
Queremos recordarle a las autoridades del Municipio del Cercado que la Constitución Política del Estado en su Art. 37 señala claramente que «El Estado (del que la Alcaldía del Cercado forma parte) tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera». «Los servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida».
Asimismo, la Ley Nº 3323 que crea el SSPAM, señala en su Art. 3 que «El financiamiento del Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM), será cubierto con recursos municipales incluyendo los provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos».
Por lo expuesto, ninguna autoridad del Estado, y en este caso el Gobierno Municipal del Cercado, pueden argumentar ninguna excepción de carácter administrativo ni de procedimiento que justifique incumplir con su responsabilidad y mucho menos impedir o dificultar el ejercicio de un derecho a la población, especialmente si este derecho está relacionado con la vida y la salud.
Advertimos que este extremo se da luego que nuestra Representación Departamental realizó una serie de advertencias, reclamos y sugerencias a las autoridades del municipio en los meses precedentes sobre este riesgo, y pese a ello las autoridades responsables han hecho caso omiso de nuestras recomendaciones y exigencias que demandaban el cumplimiento de las normas señaladas y advertían sobre los riesgos al ejercicio del derecho a la salud de las personas adultas mayores del municipio.
Exigimos al Ministerio de Salud tomar las acciones pertinentes, ya que estamos frente a una flagrante vulneración de los derechos reconocidos en la Constitución y la Ley señalada.
Llamamos a la reflexión a las autoridades ediles para que adecúen su accionar a la normativa, el ejercicio de los derechos humanos y que muestren un mayor grado de responsabilidad y sensibilidad cuando se trate del cumplimiento de los derechos de las poblaciones más vulnerables.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia