«Costa Rica hoy es un país en deuda con la justicia internacional de los Derechos Humanos. Costa Rica incumple una orden del máximo Tribunal Internacional Regional, con lo que ingresa en la lista de naciones con el sistema de derechos de las personas», así resumió el Defensor Adjunto de los Habitantes, Luis Gerardo Fallas Acosta, que la Asamblea Legislativa ni siquiera sometiera a discusión en el Plenario Legislativo el proyecto de fecundación in vitro ante una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que ordena al país a legislar en esa materia.
Para la Defensoría de los Habitantes el país entra en una contradicción profunda con su discurso histórico en relación con los Derechos Humanos, no solo por el incumplimiento de los acatamientos de un organismo internacional sino también porque deja en un vacío jurídico la regulación de esta técnica médica para aquellas parejas que voluntariamente, de manera informada y como última opción, pueda hacer uso del avance médico para dar vida.
«Estamos hoy como al principio al seguir violentando los derechos de personas a tener una familia y migrar a otros países para someterse a este procedimiento médico generando una discriminación por su condición económica. Lo que se está solicitando es una regulación apropiada, ética y con parámetros científicos y de derechos humanos, y no fuimos lo suficientemente capaces de entender que una ley es necesaria», dijo Fallas Acosta.
La Defensoría de los Habitantes, como órgano auxiliar del Poder Legislativo, lamentó que sigamos posponiendo una iniciativa legislativa que procura el reconocimiento pleno del derecho que tienen las personas que padecen de la enfermedad de la infertilidad y que la fecundación in vitro es la última opción en su tratamiento médico.
Además preocupa a la Defensoría de los Habitantes que, mientras persista el incumplimiento de esta sentencia de la Corte, el Estado seguirá asumiendo la responsabilidad económica frente a futuras demandas de personas afectadas, lo que se traducirá en el pago de indemnizaciones que deberán ser pagadas por todos los y las costarricenses.
FUENTE: Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica