La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside el doctor Raúl Plascencia Villanueva, denunció la violación de derechos humanos relacionados al trato digno, legalidad y seguridad jurídica de los pacientes internados en hospitales psiquiátricos del país, en los cuales detectó la existencia de graves deficiencias, carencias, omisiones y abusos.
En su Informe Especial sobre los Hospitales Psiquiátricos que dependen del Gobierno Federal y de los Estados de la República Mexicana, la CNDH comprobó que no se cumple con las disposiciones contenidas en las leyes nacionales e instrumentos internacionales sobre la materia.
Las deficiencias detectadas hacen evidente que tampoco se cumple con el mandato constitucional de que el Estado está obligado a garantizar el acceso a la salud a todas las personas, particularmente cuando se trata de un grupo en situación de vulnerabilidad como el de quienes presentan padecimientos o discapacidad mental.
La CNDH hace 15 propuestas al secretario de salud federal, a gobernadores de 24 estados supervisados y al jefe de Gobierno del Distrito Federal; les pide tomar las medidas correspondientes para evitar cualquier clase de abuso en agravio de las personas internas en los hospitales psiquiátricos.
Solicita sensibilizar al personal sobre los límites en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión y la responsabilidad legal que resulta al cometer, instigar o consentir cualquier tipo de abuso.
Implementar políticas públicas de apoyo a los hospitales para promover el desarrollo de programas en la comunidad que faciliten a las personas con padecimientos crónicos en situación de abandono, su reincorporación a la vida en sociedad, productiva y laboral.
Para constatar y conocer la situación que prevalece en los hospitales psiquiátricos y los pacientes que estos albergan, durante 2011 y 2012, la CNDH efectuó visitas de supervisión a 41 hospitales que brindan atención intrahospitalaria, ubicados en 25 entidades del país.
Se trata de nosocomios del Distrito Federal y los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Tres de los hospitales son administrados por la Secretaría de Salud Federal y uno es coordinado por ella, tres bajo la responsabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social y otro depende de la Secretaría de la Defensa Nacional; los 34 restantes dependen de las correspondientes Secretarías de Salud.
Un equipo de profesionales de este Organismo público autónomo, entre médicos, psicólogos, psiquiatras y abogados, verificó el respeto a los derechos humanos de los pacientes hospitalizados que padecen un trastorno mental; para llevar a cabo esa tarea, se implementó la «Guía de Supervisión a Hospitales Psiquiátricos».
Esta herramienta permitió evaluar las condiciones de hospitalización que imperan en esos lugares, conocer la normatividad que los rige, así como aquellos aspectos que garantizan el respeto a los derechos humanos del paciente relacionados con su situación jurídica, la protección de la salud, la vinculación social, la integridad personal, el trato digno y particularmente de quienes además pertenecen a otros grupos en situación de vulnerabilidad.
En los 41 hospitales visitados se encontró una población de 3 mil 143 pacientes; una capacidad instalada de 4 mil 9 camas censables; 777 de ellas se encuentran en hospitales que dependen del Gobierno Federal y 3 mil 232 camas en los establecimientos bajo la competencia de los gobiernos estatales.
La indagación de la Comisión Nacional confirmó violaciones a los derechos humanos relacionados, al trato digno, legalidad y seguridad jurídica, entre otras circunstancias, por las inadecuadas condiciones de las instalaciones; la mala alimentación; la falta de abastecimiento vestido y calzado; restricciones en la comunicación con el exterior; omisión de notificación al Ministerio Público sobre los ingresos involuntarios y falta de reglamentos y manuales de procedimientos Del mismo modo, irregularidades en el registro de pacientes y en el consentimiento informado; falta de personal médico; deficiencias en la prestación del servicio; equipo y abasto de medicamentos; insuficiente personal de seguridad; falta de capacitación en materia de derechos humanos.
También por una inexistente clasificación de los pacientes; ausencia de modificaciones y adaptaciones para el desplazamiento de personas con discapacidad física; así como negativa de servicio a las personas que viven con VIH/SIDA, restringen el acceso a la protección de la salud y generan actos contrarios a la dignidad, en contra de las personas que padecen dichas afecciones de salud.
FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México