El pasado 7 de abril se celebró a nivel nacional e internacional el Día Mundial de la Salud, para conmemorar un nuevo aniversario de la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948. Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, he considerado que esta es una ocasión propicia para reiterar mi respaldo a la entrada en vigencia de la Ley de Medicamentos, la cual constituye un instrumento jurídico de protección de derechos humanos sumamente importante para el país, especialmente porque con ella se fortalece el cumplimiento del derecho a la salud.
Desde hace muchos años, en el marco de nuestro del mandato constitucional de velar por la garantía y el respeto de los derechos humanos en nuestro país, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha venido apoyando los destacados esfuerzos que han realizado distintas organizaciones de la sociedad civil para exigir al Estado salvadoreño una mejor regulación en materia de medicamentos, aspecto que resulta fundamental para garantizar el cumplimiento del derecho a la salud de toda la población.
Después de un proceso caracterizado por muchos obstáculos y retrasos, en febrero de 2012 se logró un avance sumamente importante para el país, cuando todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa otorgaron sus votos para la aprobación de la Ley de Medicamentos. Este paso ha tenido enorme relevancia, dado que ha sido ampliamente conocido que el sector de medicamentos salvadoreño se ha caracterizado por una deficiente regulación y vigilancia, lo que ha permitido, por ejemplo, una serie de arbitrariedades por parte de las empresas farmacéuticas a la hora de establecer los precios de venta al público, y la inexistencia de mecanismos adecuados para ejercer control de calidad.
Estas deficiencias han causado que grandes sectores de la población, principalmente aquellos grupos en mayor situación de vulnerabilidad, tengan dificultades para acceder a medicamentos, debido a su alto costo y, pese a ello, sin contar con garantías sobre la calidad de los mismos. Así, es evidente que los vacíos en la regulación han representado serias amenazas para el cumplimiento del derecho a la salud en el país.
En razón de lo anterior, debo felicitar al Gobierno de la República por impulsar la aplicación de la Ley de Medicamentos, ya que es evidente que con la entrada en vigencia de la misma, el Estado salvadoreño ha dado un paso sumamente importante para superar estas dificultades; especialmente porque el cumplimiento del derecho a la salud, como cualquier otro derecho fundamental, no puede estar sometido a la lógica y las fuerzas del mercado. Es necesario enfatizar en este punto que los derechos fundamentales garantizan la protección de la población frente a los poderes públicos, pero también frente a los agentes privados, quienes dado su amplio poder e influencia, pueden transgredir derechos como el derecho a la salud, a través de la obstaculización del acceso a los recursos necesarios para conservar la salud, o incluso la vida.
En este orden de ideas, como Defensor del Pueblo he observado con beneplácito que la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), en el marco de las acciones previstas para la aplicación de la ley y con el objetivo de facilitar el acceso de la población a los medicamentos, haya iniciado el proceso de ajuste de precios máximos de venta al público, de acuerdo a lo establecido en el «Reglamento para la Determinación de los Precios de venta máxima al público de los medicamentos y su verificación».
Ha sido evidente que con la reciente entrada en vigencia de los nuevos precios se han presentado reducciones significativas en los costos de muchos medicamentos, lo cual es una excelente noticia para toda la población y un logro fundamental de parte del Estado salvadoreño en la consolidación de un régimen de garantías que proteja de forma efectiva el derecho a la salud.
No obstante, de forma paralela, ha sido negativo observar que se ha generado entre la población un clima de incertidumbre, a raíz del próximo retiro de una serie de medicamentos, entre los cuales se encuentran algunos de alto consumo; y por las noticias divulgadas a través de los medios de comunicación en las que se alerta sobre la posibilidad de que en los próximos meses el país afronte un desabastecimiento de medicamentos. Añadido a esto, ante la carencia de mecanismos adecuados de control de calidad, se ha situado como un tema fundamental en el debate nacional el establecer si existen alternativas que puedan sustituir de forma efectiva a los productos que se retirarán.
Por todo lo anterior, como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos hago un llamado al Estado salvadoreño a que continúe sus esfuerzos en la aplicación de la Ley de Medicamentos y por mejorar el acceso de la población a los medicamentos. A la vez, es importante que se divulgue de forma amplia, principalmente entre los sectores de escasos recursos, información que sea útil para aclarar las dudas de la población sobre los fármacos que serán retirados y sus alternativas, y sobre las amenazas de posible desabastecimiento.
Asimismo, para generar mayor confianza entre la población salvadoreña, es necesario que se acelere la implementación de las acciones de la DNM orientadas a mejorar el control de calidad de los medicamentos, a fin de garantizar que los medicamentos disponibles cumplen con los estándares adecuados.
De cualquier forma, también resulta imprescindible que las autoridades gubernamentales se mantengan pendientes de cualquier impacto negativo que pueda generar la aplicación de la nueva normativa en la población, para poder implementar las medidas pertinentes y activar los mecanismos necesarios que garanticen el cumplimiento del derecho a la salud.
Por otro lado, creo que es conveniente darle un voto de confianza al sector farmacéutico de que actuará teniendo en cuenta el marco del derecho a la salud, enfatizando que deben evitar tomar acciones que generen incertidumbre o que afecten directamente a la población. Es importante que ante cualquier problemática que pueda surgir en el proceso de aplicación de la ley, se utilice el mecanismo del diálogo para prevenir situaciones que atenten contra el derecho a la salud de los salvadoreños y las salvadoreñas.
Finalmente, deseo hacer un llamado al gremio médico y al sector académico a orientar a la población en este proceso y a colaborar en cuanto a la vigilancia y la investigación sobre la eficacia y la calidad de los medicamentos.
San Salvador, 11 de abril de 2013
Licenciado Oscar Humberto Luna
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
FUENTE: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de la República de El Salvador