El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, se ha comprometido con la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón a solicitar a la Administración aragonesa la elaboración de un protocolo de atención a las personas sordas que están hospitalizadas.
En la actualidad, y a diferencia de lo que ocurre en atención primaria, no está prevista la asistencia de un intérprete en la lengua de signos cuando las personas sordas acuden a Urgencias o tienen que ser hospitalizadas.
En opinión del Justicia de Aragón, esta es una medida que puede ponerse en marcha sin apenas coste económico porque lo que se necesita es, fundamentalmente, que la Administración diseñe un cauce de comunicación con la Agrupación de Sordos que es quien gestiona el servicio de intérpretes en la Comunidad Autónoma.
El Justicia de Aragón también pedirá al Ejecutivo autonómico que estudie llevar a cabo el desarrollo de la Ley por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, una norma aprobada en 2007 y que algunas comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña y Galicia, ya han desarrollado.
En ese sentido, El Justicia sugerirá que se forme un grupo de trabajo en el que participen responsables y técnicos de la Administración y de la Agrupación con el fin de plantear las cuestiones que son prioritarias y un calendario para avanzar en el desarrollo de la norma.
Otra de las preocupaciones que esta Asociación ha trasladado al Justicia de Aragón es que el catálogo de prestaciones de la Ley de la Dependencia no incluye un servicio de intérprete para personas mayores que están en residencias, ni siquiera una vez por semana.
En el contexto de crisis económica en el que nos encontramos, el presidente de la Agrupación, Eduardo Estella Carcasona, ha expresado ante el Justicia de Aragón el temor de que se recorte el servicio de intérpretes en la lengua de signos tanto en la Universidad de Zaragoza como en los Centros de Secundaria, un servicio, que, según ha dicho, está funcionando muy bien y garantiza el derecho efectivo a la educación de este colectivo.
Estella también ha manifestado la preocupación por las graves consecuencias que la crisis económica está teniendo para la población discapacitada en general pero, especialmente, para la que vive en el medio rural y ha puesto el ejemplo de la provincia de Huesca, donde el 70 por ciento de las personas sordas viven fuera de la capital.
FUENTE: Justicia de Aragón