Los químicos confiscados por las autoridades de policía son peligrosos según personeros de la DEA (Drug Enforcement Administratiòn) quienes indicaron que dichas substancias que se almacenaba en la zona 6 y ahora trasladados al municipio de Palencia, son muy peligrosos y contaminantes y advirtieron que cualquier persona que tenga contacto durante mucho tiempo con esos productos, tiene el peligro de contraer distintas enfermedades que pueden ser mortales.
El traslado de los químicos incautados por la Policía Nacional Civil y Ministerio Público hacia el municipio de Palencia, por parte de las autoridades en mención, debe ser objeto de análisis, manifestó el Procurador de los Derechos Humanos, doctor Sergio Fernando Morales.
Las distintas manifestaciones de inconformidad de los lugareños a donde está siendo trasladado los químicos son normales y naturalmente aceptables, todo ello debido a la escasa información técnica que las autoridades han suministrado para despejar cualquier duda en cuanto al peligro o no que representan las substancias que se están almacenando en dicho municipio, subrayó el doctor Sergio Morales.
Se ha solicitó por parte de la Procuradurìa de los Derechos Humanos a las autoridades correspondientes (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y al de Medio Ambiente y Recursos Naturales) acompañamiento para demostrar si las substancias confiscadas y almacenadas ahora en Palencia, representan un inminente peligro para la población, El Magistrado de Conciencia, recordó que en enero emitió una resolución, declarando la violación al derecho humano a la salud de los vecinos de la zona seis, en donde inicialmente se recopilaba dichos químicos.
En el dictamen se declaró además, la violación al derecho al trabajo y salud ha que son objeto el personal de la sub. Dirección General de Análisis e Información Antinarcótica del Referido cuerpo policial, pues no existe protocolo de seguridad a efecto de evitar accidentes o contaminación del ambiente, ni medidas que garanticen la salud del los agentes que resguardan la citada bodega, quienes tampoco cuentan con lo necesario para manipular dichos químicos.
La bodega no esta techada para resguardar los productos, especialmente cuando llueve, los toneles que están destapados, rebalsan y el químico se desparrama a los desagües. En una visita, reciente, que realizara personal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dedicada a la lucha contra narcotráfico DEA (Drug Enforcement Administratiòn) indicaron que esos químicos son muy peligrosos y contaminantes.
Además, advirtieron que cualquier persona que tenga contacto durante mucho tiempo con dichos productos tiene el peligro de contraer distintas enfermedades que pueden ser mortales, lo que tiene preocupados a todos el personal que labora en ese lugar, según lo revelado por el Sub Inspector, Esteban Sumoza, Segundo Jefe de la Bodega de la citada Sub Dirección, cuando fue abordado por el personal de la Procuradurìa de los Derechos Humanos.
En la referida resolución se indicaba que en las cercanías de la bodega de la zona seis, se encontraban por lo menos catorce colonias aledañas, tres escuelas a menos de ciento cincuenta metros de la bodega, cuatro centros educativos privados, Centro de Salud, el Hospital doctor Juan José Arévalo Bermejo, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; la Academia de la Policía Nacional Civil y màs de quinientos negocios de pequeños comerciantes, entre otros.
Durante la inspección realizada se estableció, según el control y registro oficial que se lleva sobre el almacenamiento de químicos, se encuentran aproximadamente cuatrocientos catorce toneles y/o recipientes plásticos llenos de diferentes substancias químicas; doscientos costales de soda cáustica, de los cuales la mayoría están rotos; doce tambos de metal; ocho compactadoras, utilizada para compactar dichos químicos. Ocho tambos de gas propano, dos tambos de acetileno; siete hornos o plataformas de metal para la preparación de la droga.
En uno de los considerandos de la resolución del Defensor del Pueblo recuerda a las autoridades, que el Estado debe velar porque la planificación del desarrollo nacional sea compatible con la necesidad de proteger, conservar y mejorar el medio ambiente, teniendo como objeto velar por el mantenimiento del equilibrio ecológico y la calidad de medio ambiente para mejorar la calidad de la vida de los habitantes del país, concediendo acción popular para denunciar ante la autoridad, todo hecho acto u omisión que genere contaminación y deterioro o pérdida de recursos naturales o que afecten los niveles de calidad de vida.
FUENTE: Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala