PERÚ: Dos menores fallecen por no contar con documento de identidad

La adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, Eugenia Fernán–Zegarra, exhortó hoy al Ministerio de Salud (Minsa) y al Seguro Integral del Salud (SIS), a cambiar el marco normativo que impide que las personas indocumentadas puedan afiliarse y ser atendidas de manera oportuna en los diferentes nosocomios del país, para evitar poner en riesgo su vida y su salud.

 


 

“La Defensoría del Pueblo considera inapropiado, en el marco del respeto de los derechos humanos, el diseño de aquellas normas que restringen la atención de los servicios del Estado, particularmente el servicio de salud, a las personas que carecen del Documento Nacional de Identidad (DNI), las cuales no pueden afiliarse al SIS por no contar con dicho documento. Ello vulnera su derecho a la salud”, reiteró la funcionaria.

Al recordar que la indocumentación constituye una de las principales barreras para el ejercicio pleno de la ciudadanía, subrayó que la exigencia del DNI para financiar la prestación oportuna de los servicios de salud agrava la situación de las personas que no cuentan con el documento, más aún de los menores de edad, para quienes este documento no tiene carácter obligatorio.

La representante de la Defensoría del Pueblo lamentó que en noviembre último se enteró de la muerte de dos menores de edad en las ciudades de Chimbote y Piura, quienes no pudieron continuar recibiendo atención médica en la ciudad de Lima por no contar con el DNI. Ambos menores debían ser referidos a la capital, pero al no encontrarse afiliados al SIS no obtuvieron el financiamiento oportuno para su traslado, a pesar de su delicado estado de salud.

Esta situación ha sido puesta en conocimiento del Minsa y del SIS por parte de la Defensoría del Pueblo, tanto en el 2010 como en el presente año. Además, se han emitido recomendaciones destinadas a superar estos graves problemas, los cuales pueden agudizarse en diciembre debido a que en esta época se incrementa la demanda de atención a los menores de edad.

 

 

 

FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú