La Defensoría del Pueblo de Ecuador –dpe- presentará a la Asamblea Nacional, para su consideración y aprobación, un proyecto de Ley Orgánica para una nueva normativa en la protección del derecho de las personas usuarias y consumidoras, lo cual implica avanzar y superar a la Ley vigente.
La insostenibilidad del modelo de desarrollo que nos regía antes de entrar en vigencia la Constitución de Montecrísti, apuntaba entre otros aspectos a una concentración de la riqueza y agudización de la pobreza, la desconfianza en las instituciones de justicia y control; por ello se genera un nuevo sistema económico reconocido como social, solidario, de derechos y justicia social que tiene como su principal sujeto y fin a las personas, con lo que sé propende a una relación dinámica y equilibrada entre el Estado y el mercado en armonía con la naturaleza, y tiene como objeto garantizar la producción y reproducción en condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir y resolver los grandes y graves problemas sociales que por un enfoque centralizado en el mercado excluyó de ciertos derechos al conjunto de personas usuarias y/o consumidoras de manera estructural, permitiendo abusos contra las mismas y que persisten en la actualidad.
Lo anteriormente señalado, es contraproducente frente a una actual economía que ha asumido una definición sustantiva cuyo sistema no solo debe regirse por normas relacionadas al mercado, sino también incluir valores para generar bienestar social que forjen relaciones de uso y consumo equitativas, no discriminatorias y que, en general con respeto a la dignidad humana cubran las necesidades personales y de la familia, elevando su nivel de vida con servicios, bienes y productos de calidad, eficaces, eficientes, buen trato, información y publicidad reales, así como condiciones de trato equitativo que garanticen la seguridad jurídica, más allá de precautelar únicamente el patrimonio económico.
En este contexto es el Estado el llamado a garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas usuarias y/o consumidoras, a través de sus instituciones que en sus atribuciones, funciones, normativa y política pública tienen competencias para la protección y promoción de los derechos de las usuarias, usuarios, consumidores y consumidoras.
El presente proyecto desarrolla los derechos constitucionales de las personas usuarias y consumidoras ajustados a los requerimientos actuales que surgen a la vanguardia de los servicios, bienes y productos que se ofertan por parte de las y los proveedores, y de las necesidades de regular aquellas situaciones que se generan de estas relaciones; además de activar nuevas herramientas de protección a la luz de la Constitución y a los avances de las legislaciones comparadas en lo aplicable a nuestra realidad social, económica, política y jurídica.
Lo antes expuesto evidencia que la legislación vigente no guarda concordancia con la normativa constitucional, ni el nuevo modelo económico popular y solidario, además de presentar ciertas vacíos e imprecisiones, así por ejemplo en el ámbito procesal que no ha permitido en su totalidad la reparación y restitución oportuna, eficiente, expedita, adecuada de los derechos de las personas usuarias y o consumidoras, dejándolas muchas veces en indefensión.
Las funciones de las autoridades administrativas no se han centrado en incluir los derechos las personas usuarias y /o consumidoras, se han limitado a la sustanciación de expedientes e imposición de multas que a mas de ser insignificantes, permiten la reiteración de las infracciones, a nivel sectorial, a pesar de que sus acciones y normativas inciden en estos derechos. Igual cosa sucede con las políticas públicas y decisiones administrativas de las autoridades públicas que no satisfacen las necesidades que estas requieren.
Las personas usuarias y /o consumidoras en los últimos años se han visto desprotegidas por una legislación que no permite resguardarles de los peligros a los que se encuentran expuestas, que van desde el desmedro de su economía personal y familiar hasta afectación a su trato como personas, a sus derechos sociales y los del buen vivir como es el caso de intoxicación y otros peligros a su salud y vida por el consumo de productos de mala calidad, la inseguridad en la utilización de servicios que afectan su equilibrio económico por los robos informáticos y clonaciones de tarjetas, violaciones a sus derechos en la prestación de servicios educativos y de transporte aéreo y telecomunicaciones, publicidad engañosa y otras; sin existir una regulación adecuada de los llamados contratos de adhesión por los que muchas ecuatorianas y ecuatorianos están siendo afectados.
Cabe indicar que la Defensoría del Pueblo recibe en su mayoría reclamos relacionados a los derechos de las personas usuarias y consumidoras y que con el anterior marco constitucional y la ley vigente ha tenido limitadas funciones de protección, que estarían superadas por la Constitución vigente, pero requiere de la existencia de una Legislación Especializada acorde a las garantías constitucionales actuales que permita una actuación jurídica multidisciplinaria y concreta, para la reparación de los derechos violentados a las personas usuarias y/o consumidoras.
En este sentido nace el Derecho de las personas usuarias y consumidoras como una joven rama jurídica de carácter interdisciplinario, propio y autónomo, que introduce fielmente el sentir de las personas usuarias y consumidoras, liberándolas de la vorágine económica financiera del mercado y protegiéndolas directa y específicamente en la adquisición de productos y/o servicios que como destinatarios finales las compran para su subsistencia diaria personal y/o familiar, inclusive social pero sin fin de lucro, sino únicamente en búsqueda del buen vivir y naturalmente de que se respeten su dignidad y derechos como seres humanos, pero manteniendo con sus proveedoras y proveedores una relación de uso y consumo equitativa, justa y de respeto a la seguridad jurídica.
Léase la totalidad de la noticia en la página Web de la Defensoría: www.dpe.gob.ec
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Ecuador