Funcionarios del -Área de Defensa del Usuario y el Consumidor -de la Defensoría del Pueblo, participaron de una Audiencia Pública, llevada a cabo en la Ciudad de Rosario, y en donde se abordaron diferentes proyectos legislativos para regular el mercado de la telefonía celular.
En dicho evento se dejo en claro que las tarifas de telefonía celular argentinas son las más altas de América latina donde el promedio es de 16 dólares por mes. Aquí pagamos 37 y en Europa 13 dólares, no podemos conservar el número si cambiamos de compañía, por ahora.
En el Auditorio de la Faculta de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, todos estuvieron de acuerdo en la creación de un organismo, ente o área que ejerza en los hechos una concreta y fuerte fiscalización sobre las empresas de telefonía celular en todo el territorio nacional.
Mientras la telefonía celular suma ya en el país 50 millones de equipos y encabeza los rankings de quejas de usuarios, los aparatos fijos se congelaron en 8 millones y, paradójicamente, es el único servicio que tiene regulación.
Es incomprensible que en el País la telefonía siga en el 2011 atada a una legislación de mediados del siglo XX que sólo regula al servicio fijo, mientras que el de celular goza de una libertad total con ostensible perjuicio para los usuarios, cuyas quejas y reclamos no alcanzan para que el Estado exija a las prestadoras cumplir con sus clientes.
Las tarifas, el maltrato comercial, la dificultad para cambiar de prestadora y la imposibilidad de conservar el número, encabezan los problemas, aun cuando, por ejemplo, la portabilidad numérica fue aprobada por una Resolución del Gobierno Nacional hace ya once años y no se pone en práctica.
Por esto es que el Defensor del Pueblo del la Provincia de Formosa, junto con otros legisladores nacionales como Rubén Gustiniani, por Santa Fe, han presentado sendos proyectos de ley que buscan declarar la telefonía móvil como un servicio público, garantizando el acceso a prestaciones eficientes, con tarifas justas y razonables, y estricto cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro de los contratos de servicios.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa