La oficina del Valedor comunica con fecha de hoy a la autoridad municipal el archivo del expediente tras anunciar el ayuntamiento la adopción de medidas para impedir la ingesta de bebidas alcohólicas en el entorno de las facultades.
El Valedor do Pobo, Benigno López González, remitió al Concello de Santiago con fecha de hoy un escrito en el que le comunica el archivo de la queja de oficio abierta en el año 2010 en relación con la celebración del fenómeno del botellón en el Campus Vida de la Universidad. La conclusión de la investigación llega después de que el gobierno municipal le trasladara al defensor de los gallegos la aceptación expresa de la recomendación reiterada por última vez el pasado 10 de agosto, en la que le instaba la que «con urgencia se adopten las medidas precisas para impedir la práctica del denominado botellón en el campus sur de la USC, prohibido por la correspondiente ordenanza municipal, de tal forma que no se perjudiquen los derechos de los afectados».
La misma resolución que ahora resulta aceptada por parte del gobierno municipal había sido remitida a la anterior corporación con fecha 10 de marzo. La primera respuesta llegada entonces «no expresaba la aceptación de la recomendación ni tampoco informaba, en el caso de aceptarse, de las medidas adoptadas para darle efectividad», explica el Valedor do Pobo que, por este motivo, se vio en la obligación de reiterarla el 15 de abril, 19 de mayo y 27 de junio pasados, sin obtener comunicación alguna.
La ausencia de una nueva respuesta propició que con fecha del pasado 10 de agosto, y tras una reunión mantenida por Benigno López con representantes del actual gobierno municipal, el Valedor se decidiese a remitir de nuevo y de manera literal la recomendación, acompañada de los recordatorios realizados con anterioridad al ayuntamiento así como del contenido completo del expediente, con el fin de que la nueva alcaldía cumpliera con su deber, previsto en la Ley 6/1984, de responder a las resoluciones formuladas por la defensoría.
Compromiso local
La «aceptación expresa» del actual equipo de gobierno local se materializó el pasado 15 de septiembre con la llegada a registro de un escrito en el que el alcalde de Santiago se compromete a cumplir con lo recomendado y «adoptar medidas precisas para impedir la ingesta de alcohol en la vía pública, más concretamente en el campus Venida de la USC». El edil compostelano informaba a Benigno López de que ya le había dado traslado a las concejalías implicadas «para que trabajen siguiendo expresamente la recomendación formulada por el Valedor».
En el mismo escrito, Gerardo Conde Roa informaba al defensor de los gallegos que, desde su toma de posesión, el Gobierno Municipal está trabajando en la elaboración de un Plan Local de Acción Preventiva de Drogodependencias, encaminado, entre otros aspectos, a la prevención del consumo de alcohol en menores.
Menores en el botellón
Precisamente la presencia de menores de edad en el botellón preocupa cada vez más al Valedor do Pobo que, a principios del verano, abrió otra investigación de oficio para conocer las medidas que los ayuntamientos de las siete principales ciudades de Galicia están aplicando con el objeto de impedir esta lacra y de trasladarles, asimismo, sus responsabilidades sobre la materia.
En cartas remitidas a los alcaldes de A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol, Pontevedra, Vigo, Ourense y Lugo, el Valedor les informaba de la apertura de una investigación para estudiar «este relevante problema», iniciativa que asumió tras tener conocimiento de que personas menores de edad participan y consumen alcohol en las concentraciones de chavales. «El interés superior de los menores, reconocido en el artículo 3 de la Convención de Naciones Unidas de Derechos del Niño, exige que los poderes públicos lleven a cabo labores de supervisión para la protección de la salud física y mental de los mismos», explicaba Benigno López González en su escrito en el que aludía también a la legislación gallega que prohíbe que los menores de 18 años consuman bebidas alcólicas. La mentada norma establece un sistema de infracciones para tratar de asegurar el cumplimiento de sus previsiones que, segundo el Valedor, en su artículo 30 habilita a los alcaldes, entre otros agentes, para la competencia sancionadora.
La investigación continúa abierta a la espera de que el Valedor do Pobo reciba informe de alguna de las ciudades que aún no los facilitó y de analizar todo el material para cursar bien el archivo, o en el caso necesario, alguna resolución (recomendación, sugerencia o rercordatorio de deberes legales)al respecto.
FUENTE: Valedor do Pobo Galego