Como una muestra de organización y participación popular, voceros y voceros de los Consejos Comunales e integrantes de los Consejos para la Defensa de los Derechos Humanos del estado Lara acudieron este viernes a la audiencia de juicio convocada por el Juzgado Primero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado, con el propósito exponer toda la problemática que actualmente están padeciendo 150 comunidades ubicadas en las zonas norte y oeste del municipio Iribarren, luego de que la empresa Hidrolara desmejorara las condiciones de programación de suministro y distribución de agua potable por cisterna a estas comunidades. Esta situación se viene presentando desde hace tres meses, luego de que la empresa hidrológica decidiera de manera unilateral reducir el llenado de las cisternas de cinco a tres días a la semana, razón por la cual la Alcaldía del municipio Iribarren, encargada de distribución del vital líquido, se vio imposibilitada de garantizar el acceso al agua en diversos sectores de la ciudad de Barquisimeto.
Todo esto generó descontento en diferentes colectivos afectados, quienes intentaron de manera infructuosa resolver esta situación a través de mesas de dialogo con las autoridades de la empresa prestataria del servicio del agua potable y saneamiento. Sin embargo, Hidrolara de manera unilateral e inconsulta continuó con esta medida y no garantizó una debida respuesta en torno a esta problemática.
Por ello, movimientos sociales larense activaron la instancia judicial el pasado mes de abril e interpusieron ante dicho Juzgado una demanda de Reclamo por Deficiencia en la Prestación de Servicio Público, a razón de la inminente amenaza de vulneración de derechos fundamentales como: el acceso al agua potable, salud y nivel de vida adecuado, contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y distintos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por nuestro país.
Estos y otros alegatos fueron esgrimidos por la representación popular durante la audiencia oral y pública, mientras que los asesores jurídicos de la empresa Hidrolora desmeritaron que los voceros y voceras comunitarios tuvieran legitimidad para interponer dicha demanda, además de señalar que éstos no tenían una relación contractual con la hidrológica.
Las comunidades se manifestaron sorprendidas de la visión mercantilista de Hidrolara, quienes desconocieron que el acceso al agua es un derecho humano y un bien dominio publico, tal y como esta establecido la Ley de Aguas y la Observación General Número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Esta acción judicial interpuesta por iniciativa popular, marca un precedente histórico en el estado Lara, puesto que es la primera demanda que presentan estos colectivos larense en aplicación directa de la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada el 16 de junio de 2010, que constituye una herramienta para que las personas puedan hacer sus “reclamos por la omisión, demora o deficiente prestación de los servicios públicos”.
Cabe destacar que, desde hace dos años, la Defensoria del Pueblo viene desarrollando un proceso de formación en derechos humanos en estas comunidades y, durante la audiencia, brindó la asistencia técnica a solicitud de dichos estos sectores. Asimismo, la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público emitieron una serie de recomendaciones favorables a las demandas que las comunidades legítimamente realizaron ante el juez de la causa.
Se espera que en un tiempo perentorio el Tribual pueda dictar una sentencia sobre este caso.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Venezuela.