La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires elaboró un informe sobre inspecciones realizadas en los gimnasios porteños con el objetivo de constatar que se cumpla con los requerimientos establecidos en la Ley 139.
Entre otras condiciones, la normativa señala que la práctica de actividades en estos establecimientos debe ser supervisada por un profesor, que los clientes deben poseer un certificado de aptitud física, que los gimnasios deben estar adheridos a un servicio de emergencias médicas y capacitar a sus profesionales en técnicas de reanimación cardiorrespiratoria y primeros auxilios y que se prohíbe la venta o suministro de medicamentos o sustancias que modifiquen el rendimiento físico.
Del relevamiento producido por la Defensoría se desprende que en la mayoría de los casos no se cumple en su totalidad con las medidas determinadas en la Ley 139. Por esta razón, se puso en conocimiento de la situación a la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Instalaciones Complementarias del Gobierno de la Ciudad.
Con el fin de resguardar la salud de las personas que realizan actividades físicas en gimnasios, se recomendó a las autoridades porteñas que se asignen las instrucciones correspondientes para que se respeten las prescripciones contenidas en la Ley.
FUENTE: Defensoría del Pueblo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.