El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, indicó hoy que ante la emergencia social y sanitaria que vive la ciudad de Cúcuta como consecuencia de la falta de suministro de agua potable por el alto nivel de la turbidez de las aguas de los ríos Pamplonita y Zulia que alimentan el servicio de Acueducto para la capital de Norte de Santander y la ausencia de energía en una de las plantas productoras de agua, resulta urgente la implementación de planes de contingencia para atender las necesidades de la población por la escasez del líquido.
Para la Defensoría del Pueblo la superación de la emergencia generada en Cúcuta por la escasez del agua supone un proceso de coordinación institucional entre la Gobernación del Norte de Santander, la Alcaldía Municipal de Cúcuta, la empresa Aguas Kpital, Corponor, la Cruz Roja Nacional y la Defensa Civil para adoptar medidas urgentes que permitan enfrentar esta contingencia.
Según información allegada a la Defensoría del Pueblo el agua que entra a la bocatoma ubicada a 8 kilómetros de la planta El Pórtico del Acueducto de Cúcuta, no ofrece condiciones de calidad para ser procesada para el consumo humano por los altos niveles de turbidez que contiene y en la que se han detectado elementos como arena, arcilla, bacterias y materia orgánica.
Igualmente, el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, señaló que es necesario que las autoridades competentes conformen una comisión de expertos para inspeccionar y verificar el estado actual de los sistemas y de la infraestructura de tratamiento y de potabilización del agua para evitar un colapso de los mismos por el alto volumen de turbidez que deben procesar.
El Defensor del Pueblo le recomienda a la Administración Municipal de Cúcuta y a los organismos de control del Estado adoptar medidas eficaces que permitan evitar la especulación de los precios del agua que se suministra a través de los camiones cisternas por parte de particulares y establecer si es apta para el consumo humano.
El Defensor del Pueblo señaló, finalmente, que en desarrollo de las medidas de protección de derechos y garantías que el Estado colombiano debe ofrecer a los usuarios y los consumidores de los servicios básicos, propone a los autoridades competentes y al operador privado del servicio de agua en la ciudad Cúcuta, evaluar la posibilidad de no facturar el cargo fijo del consumo del líquido a la población que ha padecido la falta del suministro de este recurso por fallas en la prestación del servicio durante el mes de abril.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Colombia.