La Defensoría del Pueblo, expuso su postura ante el Concejo Deliberante Capitalino, en torno a la pretensión de empresarios de transporte de remises y taxis de la capital, de elevar las tarifas a $ 5, para la bajada de bandera y $ 0,25, por cuadra recorrida.
Desde el área de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores de la Defensoría, expresaron que, son numerosos los reclamos recibidos, desde que se conoció la exigencia de incremento por parte de los remiseros y taxistas. Desde el Organismo de la Constitución, reconocen la función social que presta el servicio de transporte bajo dichas modalidades y el aporte socioeconómico para miles de familias formoseñas que directa o indirectamente dependen de los mismos. Precisamente, por esa razón, se formuló un llamado a la mesura por parte del sector empresarial, en el sentido de comprender que, de operarse un retroceso en la utilización de los servicios, causa de la elevación abrupta de la tarifa, seguramente resultarán perjudicados.
El reclamo se hizo oír, mayormente, expresaron desde la Defensoría, desde los sectores que utilizan con mayor frecuencia los taxis y remises, quienes manifestaron que, de $ 3,50 a $ 5, por bajada de bandera, es muchísima la diferencia y que no están dispuestos a afrontarla porque la capacidad económica no les permite hacerlo, por tanto, no les quedará otra alternativa que caminar, en vez de abordar una unidad y con ello estiman, que nadie saldrá beneficiado, sino por el contrario el daño será para todos. “ No puede ser – expresó una usuaria frecuente de remis – que para hacerme 5 cuadras me pretendan cobrar un Kg. de pan, es mucho ”. Desde la Defensoría del Pueblo manifestaron que si bien se comprende que la solicitud fue realizada teniendo en cuenta el incremento de determinados insumos de la actividad, no hay que perder de vista la necesidad de fijar una tarifa que sea un equilibrio entre las expectativas de rentabilidad que tiene el sector y la economía doméstica de los usuarios, pues, si se rompe tal equilibrio, tanto usuarios como empresarios saldrán perjudicados, los unos por no poder acceder al servicio y los otros por no tener a quien prestárselo.
Párrafo aparte merecen las manifestaciones efectuadas por Ricardo Pérez, referente de los empresarios, quien expresó que, de no accederse a la petición, podrían llegarse a cortar rutas.
Con relación al particular, desde la Defensoría remarcaron que las calles, rutas y toda arteria pública transitable son patrimonio de la comunidad y seguramente, como sucede con el piquete que actualmente se efectúa en el Barrio Nanqom, por más que medie inercia de las autoridades de la Justicia Federal en resolver sobre la aplicación de la ley y liberar la ruta, la sociedad toda se hastía de la mala actitud de sectores que, enarbolando banderas de protesta, exceden el marco de petición a las autoridades y, lamentablemente infringen la constitución y las leyes de la Nación, al impedir el libre paso de personas y bienes por lugares destinados, por naturaleza, a tal fin, como lo son calles y rutas. Las expresiones vertidas por Pérez, finalizó diciendo Gialluca fueron realizadas, seguramente, por el calor del momento, considerando que el empresario, seguramente, entenderá que la mejor alternativa para la solución de cualquier conflicto, es la que tiene en cuenta la satisfacción de los intereses de las partes, de la comunidad toda y se realiza en forma pacífica.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Formosa, Argentina.