Incluir a las personas con discapacidad como un sector vulnerable ante la pandemia del VIH o SIDA y elaborar una estrategia de atención específica sobre el tema en las dependencias estatales, exigieron al gobierno, las personas con discapacidad, sus familiares y las instituciones y organizaciones que trabajan con este sector de la población.
Lo anterior es parte de una declaratoria emitida por las instituciones y organizaciones públicas y privadas, con el propósito de promover la implementación de políticas públicas para la inclusión de las personas con discapacidad y mejorar sus índices de desarrollo humano.
Un informe del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), establece que hasta marzo del 2010, en el país se han reportado 27,772 casos de personas con VIH, no obstante, se desconoce que porcentaje pertenece a personas con discapacidad.
En los dos últimos años, el CONADEH atendió alrededor de 250 quejas sobre violaciones a los derechos humanos, cometidas contra personas con VIH, de las cuales, el 38% de las quejas fueron interpuestas por la persona afectada, el 13% por miembros de redes promotoras y el 10% por un familiar de la víctima.
De acuerdo al CONADEH, el 42% de las quejas fueron interpuestas por mujeres, mientras que el 12% pertenecen a denuncias presentadas por menores de edad.
El informe establece que entre los derechos más violentados, a las personas viviendo con VIH, están el derecho a la salud (29%), la integridad personal (25%) y el derecho al trabajo (10%).
Según el documento, el 49% de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra las personas con VIH ó SIDA se presentan en Instituciones públicas y el 22.53% en el ámbito familiar.
Añade que del total de quejas reportadas por violaciones en Instituciones públicas, el 63% corresponde a la Secretaría de Salud y el 14% a la Secretaría de Educación.
El titular del organismo humanitario, Ramón Custodio, explicó que han encontrado que a las personas con VIH o SIDA se les violentan sus derechos cuando se les niega la matricula a los niños en una escuela, cuando se les niega atención médica en un hospital y cuando no están disponibles los medicamentos que necesitan.
En el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH, Custodio hizo un llamado urgente a las autoridades y a la población, en general, para que asuman el compromiso de detener y declarar al SIDA como el enemigo público número uno de la sociedad.
“El SIDA mata a tanta gente como los disparos de armas de fuego y se encuentra entre las primeras causas de mortalidad en el país”, dijo el defensor de los derechos humanos.
En su declaratoria, los familiares, las instituciones y las organizaciones que trabajan por el bienestar de las personas con discapacidad pidieron al gobierno convertir el proceso de desarrollo inclusivo de este sector, en una estrategia para la disminución de la pobreza en el país, a nivel urbano y rural.
Así mismo, solicitan incorporar en la Visión de País, 2038 y en el Plan de Nación 2010 -2022, la perspectiva de discapacidad, a partir de un enfoque de derechos humanos y de desarrollo inclusivo, estableciendo para ello indicadores y estadísticas concretas y medibles por los entes responsables que registren los avances a nivel de política pública y del acceso a derechos por parte del sector.
Aunque no existen datos que determinen con exactitud cuántas personas presentan algún tipo de discapacidad física, mental o sensorial, se estima que el 14% de los 8 millones de hondureños padece algún grado de discapacidad.
Las organizaciones e instituciones que trabajan con el sector recomendaron establecer, en el marco de la Visión de País – Plan de Nación, políticas públicas que atiendan de manera directa las necesidades y potencialidades de las personas con discapacidad y sus familias.
Aclaran que no quieren que el gobierno limite su atención a acciones eminentemente asistencialistas. Abogan porque el gobierno elabore y aplique mecanismos permanentes y vinculantes que permitan desarrollar acciones de prevención de discapacidades.
Reiteran que se debe incorporar o incrementar la participación de las personas con discapacidad en las diferentes iniciativas para la inserción laboral y educativa. Así mismo, crear una estrategia pública que democratice el acceso a la información para las personas con discapacidad.
Son del criterio que al existir una clara relación entre la falta de alimentación de niños y niñas y la discapacidad, el Estado debe incluir en la distribución de alimentos del Programa Mundial de Alimentos, la FAO y otros programas, a los centros educativos especiales y los Programas de Rehabilitación con base en la comunidad.
FUENTE: CONADEH. Honduras.