Los pobladores de aproximadamente 21 localidades del país no tienen garantizada la buena calidad del agua que consumen, debido a la falta de una norma que regule las actividades de monitoreo y vigilancia de dicho recurso, desde sus fuentes primarias hasta sus domicilios, según informó hoy Iván Lanegra, Adjunto para los Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo.
El funcionario sostuvo que ese dato fue registrado en el curso de la supervisión de nueve Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) que abastecen a 21 zonas del territorio nacional. De estas EPS, tres proveen a la población de agua potable mediante pozos subterráneos, mientras que las otras lo hacen por medio de
ríos y manantiales, sin monitoreo alguno.
Lanegra Quispe explicó que este grave problema responde a la ausencia de Estándares de Calidad Ambiental para aguas subterráneas, por lo que demandó al Ministerio del Ambiente su pronta aprobación. A este respecto, el funcionario señaló que, el pasado 15 de noviembre, el Ministerio del Ambiente incluyó dicha norma dentro de su Plan 2010-2011 de Estándares de Calidad Ambiental.
En otro momento de su exposición, el funcionario dijo que a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) le corresponde el monitoreo y vigilancia de las fuentes de donde se extrae este recurso que luego es utilizado por las diferentes EPS que ofrecen el servicio de agua potable en los diferentes puntos del país.
Asimismo agregó que las EPS de Saneamiento supervisadas fueron Sedachimbote, Emapa Huacho, Emapa Huaral, Sedamhuancayo, Sedacaj, Emusap Abancay, Sedaloreto, Sedahuánuco, Sedahuancayo y Amazonas, las cuales abastecen a las localidades de Chimbote, Casma, Huarmey, Huacho, Végueta, Sayán, Huaral, Huancayo, Orcotuna, Viques, Cajamarca, Contumazá, San Miguel, Abancay, Iquitos, Yurimaguas, Requena, Huánuco, Tingo María, Aucayacu y Amazonas.
Lanegra señaló, por otro lado, que los resultados del monitoreo de la calidad del agua que realizan las entidades sanitarias, en la actualidad, difieren de las muestras tomadas por las empresas de saneamiento. Luego manifestó que, por ejemplo, en Abancay, en el año 2009, según la empresa, más del 96% de las muestras de agua tomadas fue declarado apto para el consumo humano, en tanto que para la Dirección Regional de Salud, sólo el 20% fue calificado como aceptable.
“Lamentablemente, esta situación no es aislada. En realidad, nos preocupa el caso de Requena (Loreto), donde las muestras tomadas por Salud arrojan la ausencia de cloro residual, así como la presencia de coliformes totales por encima de los Estándares de Calidad Ambiental permitidos y parásitos (huevos de Áscaris Lumbricoides), lo cual pone en riesgo la salud de las personas”, precisó.
Por otro lado, según la investigación defensorial, entre los años 2007 y 2009, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) y las Direcciones de Salud no habrían monitoreado la calidad del agua de todas las fuentes superficiales y subterráneas que utilizan las nueve EPS supervisadas para el abastecimiento del servicio. Por consiguiente, no se cuenta con información referente a su calidad e idoneidad para su uso en la producción de agua potable.
Lanegra añadió que, respecto al control de cloro residual libre en el agua potable, se observa que algunas EPS han disminuido el número de muestras analizadas e incluso incumplen con el número mínimo exigido, pese a que la población abastecida se ha incrementado en los últimos años, como es el caso de Sedachimbote, Emapa Huacho y Emapa Huaral.
Finalmente, el funcionario reiteró que el propósito del referido informe es convocar la atención de las autoridades y las empresas, a fin de que prioricen la situación relacionada a la calidad del agua.
FUENTE: CNDH de México.