La realidad tiene dos y hasta más caras en una moneda. Esa es la vida de las personas inhaladoras de clefa que viven debajo de los puentes de la ciudad de Cochabamba. Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos sin discriminación son víctimas de esta realidad que seguramente es explicada por estudios, teorías psicológicas y sociológicas. Sin embargo, los muchos estudios hasta ahora no han modificado la vida de estas personas que continúa afectada y desprotegida mientras no se definan políticas estatales serias y de largo aliento.
Vivir o más bien sobrevivir en esas condiciones ya es un duelo cotidiano sobre el cual estas personas deben soportar y ser victimas de maltrato de algunos servidores públicos de la Policía que en el supuesto de que “todos los cleferos son delincuentes y antisociales” deben mantenerlos al margen de la ciudadanía.
La tarea de la policía es loable, sin embargo muchos de sus funcionarios aún no entienden que la labor policial en el cumplimiento constitucional es respetuosa de los derechos de las personas y que se pueden lograr mejores resultados cuando el funcionario se apega a las normas y procedimientos establecidos, sin tener necesidad de abusar o mal usar la fuerza.
Estos antecedentes y una llamada telefónica fueron la motivación para realizar una verificación defensorial en el puente Huayna Kapac situado en el centro de la ciudad a fin de constatar la situación de estas personas. En el intercambio, se logró percibir la dura realidad que atraviesan y se recogieron testimonios sobre el maltrato de policías que por su actitud y recurrencia son “conocidos” por ellos.
La Defensoría del Pueblo realizará la representación oficial al Comandante Departamental a fin de que estos aspectos puedan ser reflexionados por los funcionarios policiales y se tenga mayor humanidad en el ejercicio de sus funciones sin que esto signifique apartarse de procedimientos institucionales.
Una vez más, la educación en principios y valores son el punto de arranque para hablar y vivir el respeto a los derechos de los demás
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Bolivia.