Desde que la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica abrió sus puertas hace más de veinte años, son varios los señalamientos que ha hecho la institución a la Caja Costarricense de Seguro Social con respecto a deficiencias y situaciones en la atención de las pacientes, que hoy se le conoce como violencia obstétrica.
Atención de las mujeres en los pasillos por falta de espacio en los salones, violación al derecho a la privacidad, largas filas, esperas prolongadas, falta de equipo para la realización de estudios ginecológicos e incluso maltrato son algunas de las situaciones que se denuncian ante la Defensoría de los Habitantes con respecto a la prestación de los servicios de ginecología y obstetricia en los hospitales públicos del país.
La violencia obstétrica es una forma de violencia de género que sufren las mujeres en el ámbito de la atención del embarazo, parto, puerperio y lactancia y consiste en acciones como la no atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas, el disponer del cuerpo de las mujeres al aplicarles medicamentos y usar técnicas de aceleración del parto sin su consentimiento.
Asimismo, como violencia obstétrica se incluye la práctica de cesáreas existiendo condiciones para el parto vaginal; así como la violación del derecho que les asiste a las mujeres embarazadas a estar acompañadas, antes, durante y después del parto. Constituye también la no disposición de equipamiento, personal médico y de enfermería o cualquier elemento que pongan en riesgo la vida y la salud de las mujeres y de sus hijos e hijas. La Defensoría de los Habitantes ha llamado la atención de las autoridades de centros hospitalarios sobre estas situaciones. La Defensoría constató en su oportunidad, situaciones relacionadas con el no acompañamiento de mujeres embarazadas por una persona de su confianza antes del parto, durante la labor y en el período posterior al mismo. De igual manera, se encontraron situaciones que violentan la atención integral a usuarias, tales como la no disposición de monitores fetales por encontrarse bajo llave, así como la carencia de especialista en cirugía durante el horario vespertino, fines de semana y feriados, lo que se traduce en un riesgo para la vida de las usuarias mientras son trasladadas de un hospital a otro.
La Defensoría también tuvo conocimiento en su oportunidad de instrucciones giradas para que la esterilización quirúrgica en el pos-parto inmediato se realizara únicamente en casos en que, según criterio del médico, se presente una emergencia o una situación de riesgo de la paciente.
Por otra parte, la Defensoría investiga la falta de especialistas en ginecología en un hospital que incluso ha provocado denuncias públicas, a través de los medios de comunicación. Este ente defensor también está en la etapa final de investigación de un caso registrado a final del 2013 en el que se trasladó a seis mujeres embarazadas, a término, a un hospital capitalino viajando más de 150 km en una microbús, sin las mínimas condiciones de seguridad ni resguardo y consideración a su condición de embarazo.
Para la Defensoría es de suma importancia la atención integral a las mujeres en relación con los padecimientos propios de su género; se debe respetar el derecho a la autonomía reproductiva, el consentimiento informado, el derecho al acompañamiento antes, durante y después del parto, así como el derecho a una maternidad sin riesgo con servicios de alta calidad. Derechos que deben constituirse en una prioridad para las autoridades de los centros médicos del país.
FUENTE: Defensoría de los Habitantes de Costa Rica