NUEVO LEÓN: La CEDH pide espacios efectivos para mujeres en candidaturas

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza dijo que debe garantizarse a las mujeres el pleno goce de su derecho a la participación política en condiciones de igualdad y sin discriminación en los procesos electorales.

En un oficio dirigido al Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León, la CEDHNL señala que las mujeres no viven sus derechos políticos de manera igualitaria debido a las limitaciones que existen para participar en la toma de decisiones en las estructuras de poder y que repercutan en la presencia en la vida pública.

«El problema no estriba en el grado de participación, sino en los espacios a los que se les permite participar y los obstáculos que limitan y condicionan su participación, lo cual es contradictorio con el ejercicio de los derechos humanos y con la propia noción de democracia» cita el documento.

La Ombudsman estatal enfatizó que la paridad de género es imprescindible en la representación política, a la que deben acceder mujeres y hombres con la misma oportunidad tanto para votar como para ser elegidas y elegidos para participar en los asuntos públicos.

«El Estado tiene la obligación de garantizar el pleno goce y ejercicio de las atribuciones reconocidas en la Constitución, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; que son inherentes al derecho de participación y representación en igualdad» puntualizó Martínez Garza.

Señaló que la paridad de género tiene una importancia predominante en la consagración de la democracia por lo que los órganos de regulación electoral tienen la responsabilidad de establecerla como criterio definitivo para el ejercicio del poder político.

«La paridad no es una cuota mayor a favor de las mujeres, es la expresión más amplia de universalidad y un instrumento de reivindicación del derecho a la igualdad» concluyó la titular de la CEDHNL.

 

FUENTE: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León