122 mujeres que trabajan como «guardas» o «serenas» en el Cerro Rico de Potosí, se encuentran en total estado de desprotección laboral, víctimas de violencia laboral, sicológica, física y sexual; sin acceso a salud ni servicios básicos, realidad que evidencia la ausencia de las autoridades para garantizar el ejercicio y el cumplimiento de sus derechos como establece las Constitución y las leyes.
Esta realidad fue evidenciada por la Defensoría del Pueblo, que través de un equipo de su Representación Departamental de Potosí, realizó una investigación entre abril y julio de este año, en la que se utilizó la técnica de la encuesta y entrevista que se aplicó a todas las mujeres que laboran en la actividad minera en ese sector y recoger testimonios y datos sobre su situación. Esta información fue plasmada en un informe que fue presentado en la víspera, por la Representante defensorial en ese departamento, Jackeline Alarcón, en un acto en el que estuvieron presentes las «guardas» y representantes de instituciones estatales y organizaciones sociales.
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, desde La Paz vía Skype, manifestó que «estas mujeres guardas desarrollan su trabajo en un contexto de desconocimiento de sus derechos laborales, resistencia de los empleadores a cumplir la norma, sobreexplotación y discriminación. Y uno de los factores que muestran lo que llamamos ‘la feminización de la pobreza’, es el hecho que la mitad son jefas de hogar, es decir que cargan sobre sus espaldas el cuidado, manutención y crianza de entre 3 y 5 hijos e hijas».
Entre otros hallazgos durante la investigación, acotó, es que más de la mitad de las 122 «serenas», que están entre los 20 y 70 años, no sepa leer ni escribir; que el 60% sufra violencia laboral y sicológica; que casi el 75% no tenga seguro social; que el 81% no tenga contrato escrito de trabajo; que trabajen 24 horas al día, que perciban ingresos por debajo del mínimo nacional y que ninguna tenga derecho a vacación o descanso pre natal.
El Defensor manifestó que el objetivo de este estudio no es realizar un relevamiento de datos ni aportar al conocimiento de la realidad de pobreza e injusticia que viven las mujeres que trabajan en esta actividad, y mucho menos exponer sus necesidades a la sensibilidad pública, sino cambiar esta realidad a partir de la exigencia para que las autoridades encargadas de garantizar los derechos, realmente cumplan con su trabajo, subsanando y restituyendo los derechos vulnerados y asumiendo las medidas que corresponden.
La investigación
Los resultados de la investigación, descritos por la Representante Departamental, muestran que 151 personas trabajan como «guardas» en el Cerro Potosí 122 mujeres y 29 varones; 47% de las guardas son jefas de hogar; 5% son adultas mayores. En su mayoría son migrantes del área rural y viven con sus hijos e hijas en el mismo lugar, 153 niños y niñas, 84 adolescentes y 43 infantes, en condiciones inadecuadas, sin acceso a servicios básicos y en riesgo por la contaminación minera. El 52.50% no saben leer ni escribir.
Además de la violencia laboral y sicológica en su fuente de trabajo, un 6,38% sufre maltrato físico, otro 2,13% es víctima de violencia sexual; mientras que un 37% sufren violencia en relación de pareja. Las «serenas» jóvenes y sus hijas adolescentes se constituyen en el grupo más vulnerable a las agresiones sexuales ante la presencia significativa de hombres en estado de ebriedad.
Las enfermedades más recurrentes que padecen son las respiratorias y problemas estomacales debido a la carencia de agua potable y la inhalación de polvos de mineral; el 74% recurre a centros privados de salud y el resto se automedica o recurre a la medicina tradicional. El 53.47% ellas no se realizó los exámenes de Papanicolaou y mamografía por miedo y falta de tiempo.
Sus derechos laborales son los más vulnerados. La mayoría no sólo no cuenta con un contrato de trabajo; sino que percibe un salario de entre 500 a 700 bolivianos muy por debajo del salario mínimo nacional que asciende a 1.400; No perciben pago adicional por horario nocturno, ni feriados ni horas extras. El 99% no goza de descanso anual, el 58% no tiene aguinaldo, el 89% no gozó de descanso pre natal cuando se encontraba en situación de embarazo y el 100 % no gozó de descanso post natal, el 90% no ha ejercido el derecho al subsidio de lactancia pre y posnatal; las mujeres embarazadas no ejercen el derecho a la inamovilidad y son susceptibles de ser despedidas al igual que sus parejas que trabajan en interior mina. Los empleadores vulneran la norma al no dotarles de ropa de trabajo, implementos y equipos de protección por parte de sus empleadores.
«De las 122 mujeres encuestadas, 102 no realizan aportes para su jubilación, lo que significa el 84.76%; a pesar de la relación de dependencia laboral de las mujeres guardas con los cooperativistas mineros, no cuentan con seguro social a corto plazo, ni a largo plazo, obligándolas a trabajar incluso en la vejez; 13 mujeres adultas mayores continúan trabajando en Cerro Rico», indicó la Representante.
El trabajo defensorial muestra también que el 84% no tiene agua potable, el 39% no tiene luz, el 100% no cuenta con servicios higiénicos y alcantarillado, el 100% dispone las excretas y basura a campo abierto o procede a su quemado, consumen agua de pozos naturales o concentrada (bidones, turriles). Los únicos medios de seguridad que tienen son las dinamitas que ellas se proveen para evitar los robos y los perros que las alertan sobre la presencia de extraños.
Esta realidad contemplada en el informe que además incluye nueve recomendaciones a distintas instituciones públicas como los ministerios de Trabajo, Minería, Educación, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y la Policía Boliviana, será remitido a sus máximas autoridades para su cumplimiento.
«Tengo la esperanza que a partir de acciones como las que desarrollamos, el apoyo de los medios de comunicación que se han convertido en los portavoces de los derechos de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y discriminación y la toma de conciencia de las autoridades, se pueda revertir en el más corto plazo esta situación que describimos y que se ha convertido en una constante para más del 50% de las mujeres que trabajan en el país», remarcó Villena.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia