La Defensoría del Pueblo de la Nación, a través de su Secretario General, CPN Carlos Haquim, exhortó al Instituto Médico de Obstetricia -en su carácter de prestador de la obra social ANDAR- que arbitre las medidas necesarias para revisar y modificar prácticas que se encuadran bajo la definición de violencia obstétrica. Esta medida tiene como fin hacer visible la problemática de la violencia obstétrica y, consecuentemente, empoderar a las mujeres sobre sus derechos en el proceso de embarazo, parto y post parto.
Ocurrió que una particular había solicitado la intervención del Defensor nacional ante el Instituto Médico de Obstetricia (IMO) -en su calidad de prestador de la Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)-, debido a malos tratos que habría recibido en ocasión del parto prematuro de su hija.
La intervención de la Defensoría no sólo se centró en la praxis médica sino que intentó determinar cuáles son aquellas prácticas naturalizadas en los establecimientos asistenciales que conllevan una carga de violencia hacia la mujer embarazada, en situación de parto o postparto, las cuales ameritan ser revisadas y modificadas por el equipo de salud.
Para ello, tuvo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda «Permitir que las mujeres tomen decisiones acerca de su cuidado durante el proceso del embarazo y parto; el acompañamiento continuo durante el trabajo de parto y parto; la libertad de movimiento y posición durante el trabajo de parto y hacer uso racional de la analgesia y anestesia, limitando la tasa de cesárea al 10-15%; entre otras normas; y que el Ministerio de Salud de la Nación elaboró en el año 2010 una guía práctica clínica sobre la atención al parto normal.
Además, envió tal resolución al Ministerio de Salud de la Nación, a la CONSAVIG, al INADI, al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y a la obra social ANDAR, para que adopten las medidas de su competencia.
Cabe agregar que la Defensoría forma parte de una mesa de trabajo instrumentada por la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cuyo objetivo es trabajar sobre la temática de violencia obstétrica, junto a otros organismos, como ser, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación, profesionales de hospitales públicos y ONGs vinculadas a la temática.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina