El Defensor del Pueblo Encargado, Javier Mitil, reiteró el compromiso de la Defensoría del Pueblo en acompañar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, en el impulso en la Asamblea de Diputados(as) del proyecto de Ley 588 de 2013 que contempla políticas públicas integrales contra la violencia hacia la mujer y tipifica el femicidio.
Así mismo, señaló que es preocupante que en nuestro país los casos de violencia contra la mujer en especial los femicidios vayan en aumento, situación que obliga a las diferentes entidades del Estado a unir esfuerzos a fin de proporcionar a las mujeres los recursos necesarios para proteger su vida e integridad.
Hasta julio de 2013, en la República de Panamá se han registrado 39 muertes violentas de mujeres, observándose, respecto al mismo período del año anterior, un incremento de 16 muertes (70%). De las 39 muertes violentas de mujeres, 24 (61.5%) están clasificadas como femicidios: 14 fueron íntimos (58.3%) y el 10 (41.7%) no íntimos.
El Ombusman detalló otras problemáticas que estará priorizando durante su administración, como es el caso de la situación de las mujeres indígenas, entre ellas, las mujeres de la Comarca Ngäbe Buglé, quienes durante el tiempo de la cosecha de café y plátano migran a otras regiones, en condiciones que afectan el ejercicio de sus derechos humanos.
Las palabras del Defensor del Pueblo, se dieron durante un encuentro con organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor del respeto de los derechos humanos de las mujeres.
Los abusos que sufren las mujeres trabajadoras sexuales, por su condición de vulnerabilidad; la ausencia de una política estatal sobre salud sexual y reproductiva, que incorpore la educación integral en sexualidad y el acceso a métodos de planificación familiar, en particular para la juventud y las mujeres indígenas; los problemas a los que se enfrentan las mujeres migrantes y refugiadas; además, de las prácticas discriminatorias que se perpetuán en el ámbito laboral, como la solicitud de pruebas de embarazo para acceder a un trabajo y el despido de mujeres con fuero de maternidad, fueron parte de los temas tratados.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Panamá